El Juzgado de Instrucción 5 de Vigo suspendió la vista que debía celebrarse ayer contra el magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que como defensor del cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, logró expulsar a Baltasar Garzón de la carrera judicial por las grabaciones a los abogados. El prestigioso letrado debía comparecer a un juicio de faltas por presuntas coacciones a un perito de Hacienda en el denominado caso Estación, en el que el defiende a uno de los socios.

La suspensión se adoptó porque la Abogacía del Estado solicitó cuatro días antes de la vista personarse en nombre de la Administración y del inspector de Hacienda cuestionado. Las partes tienen dos días para pronunciarse. La abogada del Estado cuestiona, en su recurso de reforma, las actuaciones de la magistrada de Instrucción 5 de Vigo. Alega que el funcionario de Hacienda "ofendido", no fue notificado debidamente, ni fue citado siquiera a declarar. Sostiene que el juzgado no realizó investigación alguna ni se fundamentaron los motivos por los que en vez de un delito de obstrucción a la Justicia se consideró falta de amenazas o coacciones. Pide, por tanto, que se impute por un delito de obstrucción a la Justicia no sólo a Choclán, sino también al auditor vigués y perito de parte con quien se cruzó los correos privados -dentro de su tarea de defensa- y que fue quien se los pasó al inspector de Hacienda. En ellos se cuestionaba el informe pericial de éste último en el millonario caso de fraude de gasóleo que instruye el Juzgado de Padrón desde hace 11 años.

Petición extemporánea

La reacción no se ha hecho esperar. Un abogado del equipo de Choclán, que lleva su defensa, ha impugnado el recurso de la abogada del Estado por "extemporáneo". Recuerda que el inspector de Hacienda tenía "pleno conocimiento" desde, al menos, el 5 de septiembre, que fue citado para comparecer al juicio de faltas, y que es al juez a quien compete la calificación de los hechos "sin necesidad de ofrecer previamente acciones al ofendido" . También estima "una temeridad" la pretensión de que Choclán declare como imputado por un delito contra la Administración de Justicia cuando "se ha limitado a emitir una opinión profesional a través de una comunicación privada". Advierte de que la "mera pretensión de imputación puede tener el fin de disuadir al Letrado del recto ejercicio de su actividad profesional" .

En el trasfondo del cruce de correos entre Choclán y el perito de parte, subyace el descubrimiento de que el Grupo Estación había adquirido facturas falsas a Las 5 Jotas, extremo que conocería el inspector de Hacienda pero que no incluyó en su informe del denominado caso Estación. Motivo por el que se presentó un incidente de recusación.