11 de octubre de 2014
11.10.2014
claves

La causa contra la mayor red de prostitución de Vigo se zanja con multas de 14.000 euros

La fiscal imputa a la red de los hermanos Lorenzo tráfico de mujeres y estafa con tarjetas clonadas » Aplica atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño

11.10.2014 | 01:49
Precinto del Goldfinger.

La causa judicial contra la mayor red de prostitución y tráfico de personas desarticulada en Vigo se zanja con multas de 14.000 euros para los cabecillas, que inicialmente se enfrentaban a penas superiores a los 9 años de cárcel ya que el caso se instruyó como sumario. El proceso abierto en 2004 por la trama presuntamente dirigida por los hermanos José -considerado el máximo responsable- y Guillermo Lorenzo Rodríguez, dos hosteleros a los que la Fiscalía sitúa al frente de cinco clubs de alterne en Vigo, Pontevedra y Ponteareas, negocios que compatibilizaban con populares restaurantes y bares de copas como La Trucha y La Porchaba en la ciudad olívica, llegará a juicio en la Sección Quinta de la Audiencia el próximo martes.

La Fiscalía les imputa delitos de inmigración clandestina y tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros realizado con ánimo de lucro y con pertenencia a organización o asociación, y también un delito continuado de estafa mediante TPV. Sostiene que "José y Guillermo contrataron los servicios e instalaron en los locales que regentaban terminales de pago con el fin de usarlas para pasar por ellas tarjetas clonadas, falsificadas o sustraídas a sus titulares, que o bien tenían en su poder o bien poseían terceras personas que usaban en dichos locales de común acuerdo o con el conocimiento y consentimiento de ambos acusados". La cantidad total defraudada, según la Fiscalía, asciende a 352.000 euros, si bien los perjudicados -bancos y entidades emisoras- han asumido el fraude sufrido por los particulares y usuarios de las mismas que son, en su mayoría, extranjeros. Servired es la única entidad que reclama el pago de 6.000 euros.

Los dos hermanos Lorenzo compartirán banquillo con otras cinco personas, el supuesto "enlace" que captaba en Sudamérica a las mujeres ,que eran explotadas después en los clubs de alterne de la red hasta que devolvían la deuda, y cuatro encargados de estos locales que se encargaban de controlarlas, acompañarlas para que no faltaran ningún día, imponerles multas, cobrar por sus servicios y entregar la recaudación cada día a Guillermo Lorenzo en La Porchaba.

Los siete procesados estuvieron varios meses en prisión, más de un año los dos hermanos hosteleros. Cinco de ellos se han declarado culpables de los delitos y han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que les aplica las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas -por el tiempo transcurrido en el proceso, paralizado casi dos años desde febrero de 2008 a octubre de 2009- y reparación del daño, pues los hermanos Lorenzo han consignado en los juzgados 21.000 euros: los 6.000 de Servired y los 14.000 que cubren la indemnización de las diez mujeres víctimas de la trama.

El escrito de acusación fiscal señala que José Lorenzo gestionaba entre 1997 y 2003 los clubs de alterne, Goldfinger, Vigo Noche y Bahamas en Vigo; el Club Garden de Pontevedra y el Media Luna en Ponteareas, donde las mujeres ejercían la prostitución. El Ministerio Público incide en que José Lorenzo "con el propósito de aumentar sus ganancias, durante los años 1998 a 2004 gestionó y abonó la entrada irregular de mujeres procedentes de Sudamérica". Así les facilitaba vuelos como turistas y las alojaba en pisos y hostales de su propiedad, sometiéndolas a explotación laboral.

La fiscal solicita para José Lorenzo 2 años de prisión por el delito de inmigración clandestina y tráfico ilegal de personas, y otros 2 por el delito continuado de estafa, pero propone que se le cambie la prisión por sendas multas de 14.400 euros. En el caso de su hermano Guillermo, al que considera cómplice, pide 2 años de cárcel, también sustituible por multa del mismo importe que el anterior. Para Arturo G.M., que captaba mujeres, solicita 2 años de prisión, y para los responsables de los clubs año y medio, que pueden sustituirse por multa o trabajos comunitarios. La pena más alta solicitada es para Jesús I.C. que no admite su culpabilidad y se enfrenta a 2 años y medio de cárcel.

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