Aunque inicialmente también figuraba imputada una profesora que era jefa de estudios cuando fueron los hechos, el fiscal solo presenta acusación contra el exdirector. No obstante, en su escrito explica que "los métodos de corrección utilizados por el acusado eran conocidos por el profesorado", incluida la jefa de estudios, y asegura que dicho comportamiento era "tolerado (con mayor o menor intensidad) por la mayor parte del mismo, por entender que la actitud del menor justificaba los métodos utilizados por el director".

En cualquier caso, el fiscal dice que fue el director quien "asumió de forma personal e indiscutible el método correccional del menor y la situación producida, cuando se agravó, fue de conocimiento de la inspección educativa, que inmediatamente puso fin a la misma".

A juicio de la Fiscalía, no consta acreditado que, pese a los "absolutamente inadecuados" métodos usados con el menor, el niño hubiese sufrido consecuencias físico-psíquicas que incidiesen o agravasen (al menos de forma importante) su comportamiento ya claramente inadaptado" y que presentaba a su ingreso en el centro. Con todo, en materia de responsabilidad civil solicita que el acusado indemnice al menor con 3.000 euros, cantidad de la que responderá de forma subsidiaria la Xunta.