La Audiencia Provincial de A Coruña acordó en un auto del pasado 5 de noviembre la intervención judicial de las empresas del Grupo Estación, Transportes y Grúas Estación S.L., y Talleres y Grúas Estación S.L, investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón por un presunto fraude millonario de gasóleo a la Hacienda Pública y un posible delito societario.
La Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Santiago, adopta esta medida al estimar parcialmente el recurso presentado por el socio denunciante y el fiscal, que inicialmente solicitaron la administración judicial de las empresas y que denegó la juez de Padrón al considerar que no era el momento procesal oportuno, aunque fijó una fianza de 560.000 euros para los dos socios y administradores denunciados.
La Audiencia Provincial de A Coruña mantiene a ambos administradores, coimputados junto con el socio que los denunció, al frente del grupo empresarial aunque serán supervisados por un interventor judicial, "en evitación de futuras conductas delictivas".
La medida persigue evitar el posible "vaciado" de las empresas sobre el que alertaba el fiscal, y garantizar el trabajo y los derechos de los empleados de las firmas investigadas. La Sala considera de aplicación en este caso la Ley Concursal, por lo que indica que la intervención judicial deberá recaer "en economista o auditor de cuentas". En caso de desacuerdo de las partes, el nombramiento del interventor se decidirá por el órgano judicial.
El auto de la Audiencia estima que dada la fianza monetaria impuesta a los dos administradores "sin que se haya impugnado esa decisión", el nombramiento del interventor judicial es suficiente amparo, y no ve necesidad de sustituirlos por otros, ya que "tampoco el solicitante (socio denunciante y coimputado) parece estar en mejores condiciones que los actuales, que a su vez cuentan con la mayoría de participaciones sociales".
El objetivo es "evitar una posible reiteración delictiva y asegurar el buen fin de la instrucción al remover una serie de obstáculos puestos de relieve por los administradores actuales". Y es que el perito judicial ha manifestado al juzgado en varias ocasiones la dificultad de acceder a las documentaciones que necesita para concluir un informe en cuyo avance ya había detectado presuntas ventas ilegales de gasoil y facturas o albaranes previsiblemente falsos por los que Hacienda habría dejado de ingresar más de dos millones de euros en los últimos ejercicios.
La denuncia por una supuesta estafa millonaria a la Agencia Tributaria en la venta de gasóleo, y un posible delito societario, de apropiación indebida y de falsedad en el grupo empresarial de maquinaria pesada, llegó al juzgado de Padrón en 2004, pero apenas había avanzado hasta que la Fiscalía de Galicia nombró un nuevo fiscal para desatascara el asunto, una vez que se habían conocido los informes provisionales del perito judicial. Las desavenencias entre dos hermanos, socios junto a un tercero en el grupo empresarial, por la tributación de 2002 a Hacienda, llevaron a uno de ellos a denunciarlo en el juzgado tras presentar varios escritos en la Agencia Tributaria que no dieron los resultados que pretendía.
