No hay datos oficiales sobre los casos descubiertos de compraventa de billetes de lotería premiados. Surgen en los juzgados, casi siempre, en concurso con otro tipo de delitos, y sólo entonces se emplean todos los medios existentes para perseguirlos.
Uno de los principales problemas es la falta de medios. Galicia, al contrario que otras comunidades, no cuenta con una delegación desplazada de la UNIF (Unidad Nacional de Investigación de Fraude), que se encarga de las grandes tramas y fraudes importantes, por lo que el trabajo de levantar cuentas opacas y grandes bolsas de blanqueo recae en una unidad ordinaria, según explica Julio Ramsés Pérez, delegado de la asociación de inspectores de Hacienda.
De los 65 inspectores de la Agencia Tributaria destinados en Galicia, más de 40 están destinados en A Coruña y Lugo, y el resto en Pontevedra y Ourense. Si se descuentan cargos de confianza y destinos en otras áreas, los servicios contra el fraude contarían con dos tercios de los efectivos, explica el delegado de asociación de Inspectores.
Repartidos en diez equipos, la carga de trabajo es muy elevada. El año pasado tres equipos debían comprobar más de cien empresas en Galicia con una facturación superior a 80 millones de euros (diez mil millones de las antiguas pesetas), según datos del colectivo.
Tampoco los fiscales especializados gozan de dedicación exclusiva. El fiscal de Delincuencia Económica de Pontevedra tiene que compatibilizar el seguimiento de la trama de medio centenar de sociedades con todo tipo de delitos y la asistencia a juicios civiles o penales en distintos juzgados de la provincia. La provincia de Pontevedra, por el narcotráfico, genera el 50 por ciento del trabajo de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria con base en A Coruña, según datos de la Fiscalía. El apoyo del Servicio de Vigilancia Aduanera resulta fundamental.
