El cadáver de Elena Calzadilla, azafata en el aeropuerto vigués de Peinador, fue hallado por su marido, Ernesto Mouzo, el 6 de diciembre de 2005 en su casa de veraneo de Porto do Son, a donde se deslazó para recoger ropa de verano pues ambos iban a pasar el puente a Canarias. Le habían destrozado el cráneo y desfigurado la cara.

Un año después el caso sigue sin esclarecerse y el juez de Noia mantiene el secreto del sumario. La familia de la víctima teme que no existe una línea sólida y fiable que permita albergar alguna esperanza de resolución. "Al parecer han descartado la idea del robo, que fue fingido, y atribuyen el asesinato a un profesional, pero no han llegado a una conclusión sobre el móvil", apunta el representante legal de la madre de Elena Calzadilla, el abogado Antonio Ocampo.

El caso ha sido remitido a Interpol para cotejar si existen en otros países crímenes similares. Las esperanzas, ahora, están puestas en una prueba de ADN a realizar en Madrid, ya que los investigadores habrían encontrado restos del autor del crimen en el lugar de los hechos. Estos datos se cruzarán con otros de los archivos policiales internacionales y si hay "suerte" podría coincidir con los de alguien que ya esté fichado. Extremo que arroja pocas esperanzas para la familia.

La "profesionalidad" del asesino, que no se trataría de un delincuente habitual sino de un sicario, viene avalada porque fue un crimen limpio y no a consecuencia de un arrebato. A ello se suma la ausencia total de huellas y rastros en la vivienda; la frialdad demostrada al propinar a la mujer un golpe brutal (lo que llevó a la hipótesis de un crimen pasional); la imposibilidad de hallar el arma homicida, un objeto contundente y que rompió el cristal de una ventana para hacer creer que se trataba de un robo.

Parece también claro que el autor de la muerte de María Elena Calzadilla no actuó a consecuencia de un arrebato, lo que apunta a un posible crimen por "encargo". Todo estaba previsto y se cree accedió a la vivienda con un mono de trabajo y guantes.

La principal incógnita, al margen de la identificación del autor del crimen, es el móvil, que sigue siendo desconocido. La desinformación de la familia de la víctima personada con dos abogados en el caso es "casi total", según el letrado Antonio Ocampo, que destaca que María Elena, madre de dos hijos, carecía de deudas y de enemigos.

"No conocemos ningún atestado de la investigación ni las diligencias que se han hecho, o siguen haciéndose. El secreto de sumario durante todo un año es anormal. La Ley señala que se dicta por un mes, prorrogable por causas excepcionales. Tal vez aquí se den para que no se sepan por donde van las sospechas, pero el juez debería dictar alguna providencia explicativa y a

nosotros no nos han notificado nada", lamenta.

Otro punto que complica la investigación, según fuentes conocedoras del caso, es que el juez autorizó la incineración del cadáver sin esperar a una segunda autopsia más completa. El delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras, manifestó a FARO que un equipo especial de Madrid ha asumido la investigación del crimen dada su "complejidad" y confía en que el caso se resuelva.