Cinco días después de que el Congreso diera luz verde definitiva a la ley del solo sí es sí, el Consejo de Ministros aprobó, para su remisión a las Cortes, otra de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad. Se trata de la reforma de la ley del aborto, que no incorpora cambios sustanciales sobre la propuesta inicial, que fue aprobada en mayo y que ya generó choques e intensas negociaciones entre Igualdad, en manos de Irene Montero, y el ala socialista del Gobierno, sobre todo debido a la creación de una baja laboral para mujeres que sufren reglas incapacitantes. Eso sí, se han introducido matizaciones destinadas a reforzar los nuevos derechos, como el destinado a atajar la llamada violencia obstétrica. Cuando la ley entre en vigor, los profesionales sanitarios deberán requerir “el consentimiento libre, previo e informado” de las parturientas en todos los “tratamientos invasivos durante la atención al parto”.
En el anteproyecto inicial aprobado en mayo, que no mencionaba el término violencia obstétrica porque genera rechazo en algunos sectores médicos aunque otros se abren a su utilización para atajar las malas prácticas, exceptuaba la petición de consentimiento informado en los casos en los que “la vida de la madre o el bebé esté en riesgo”. Pero se ha eliminado esta excepción “en coherencia con la ley de autonomía del paciente” y porque “ha sido una cuestión observada por entidades sociales y mejora el texto respetando aún más la voluntad de la mujer”, según explican fuentes del Ministerio de Igualdad.
El fomento del consentimiento responde al requerimiento de organismos internacionales, que han solicitado a España que ataje prácticas invasivas innecesarias y que pueden provocar daños en la madre y el bebé, dado que los pocos datos disponibles indican que España es uno de los países europeos con más partos instrumentales (cuando en el momento del expulsivo se requiere algún instrumento). Asimismo, aunque el uso de fórceps, episiotomías o cesáreas va en descenso, su utilización aún supera los estándares recomendados. Por otro lado, entre las novedades introducidas en el texto destaca que se “garantizará la asistencia y el acompañamiento a la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal”. Los abortos involuntarios, sobre todo en avanzado estado de gestación, provocan un fuerte impacto psicológico en los progenitores, de ahí que se haya introducido un capítulo para ayudar a las mujeres en esta dura situación.
Baja laboral
Esta ayuda se podrá complementar con una baja laboral, que ya se contemplaba en el proyecto inicial, para que puedan ausentarse del trabajo las mujeres que aborten tanto de forma voluntaria como involuntaria, si el médico considera que su situación física o mental les impide trabajar. Además, destaca la modificación de las normas sectoriales para que las bajas por menstruaciones incapacitantes y por preparto (a partir de la semana 39 de gestación), que ya contenía el texto aprobado en primera lectura, puedan ser solicitadas por las funcionarias de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la justicia.
Y es que la reforma está destinada a garantizar el aborto en la sanidad pública, creando un registro de objetores, con el fin de reforzar los servicios donde la objeción impide la práctica de este derecho. Asimismo, revierte la contrarreforma del PP para que las menores de 16 y 17 años no necesiten el permiso paterno para interrumpir sus embarazos y elimina los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso (ya no será delito). Pero incorpora otras muchas medidas destinadas a garantizar la salud sexual y reproductiva. “El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es la puerta de entrada para el ejercicio de otros muchos derechos”, argumentó Irene Montero tras el Consejo de Ministros.
Garantizar el aborto
La ministra resaltó además que con la nueva ley “la regla dejará de ser un tabú” y se removerán “los obstáculos que están impidiendo” el ejercicio efectivo del derecho al aborto. El Ejecutivo aprobó el proyecto sin esperar a los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal, que han vuelto a incumplir los plazos. Pero como la ley del Gobierno señala que “la falta de emisión de un dictamen en plazo no impedirá la continuación del procedimiento”, decidió enviar sin demoras a las Cortes el texto para que dé tiempo a que entre en vigor esta legislatura. Y es que la ley del sí es sí ha tardado dos años y medio en su aprobación definitiva, debido a que tuvo una tramitación plagada de enfrentamientos y sorpresas, y la misma situación puede reproducirse con la ley del aborto, que de entrada rechazan el PP y Vox.
Y puede que otros grupos trasladen, vía enmiendas, los recelos que la norma ha despertado en algunos sectores. Por ejemplo, el Colegio de Médicos ha mostrado su rechazo a la nueva regulación de la objeción de conciencia y al término violencia obstétrica. Y sindicatos y expertos han expresado su temor a que las bajas menstruales desincentiven la contratación de mujeres.
1 Las medidas sobre aborto
Para garantizar el aborto en la sanidad pública, donde apenas se practican interrupciones de embarazos, la ley crea un registro de objetores, similar al que ya existe en la eutanasia, con el fin de identificar qué servicios tienen que reforzarse y convertir así el aborto en una prestación más. La norma elimina los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso. Y permite que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Además, los centros de salud distribuirán la píldora de día después, que ahora vale 20 euros, de forma gratuita.
2 Salud menstrual
Por primera vez, una ley dedica un capítulo íntegro a los derechos de salud menstrual. Se crea una baja laboral a la que podrán acogerse mujeres con reglas dolorosas. Será por prescripción médica y será financiada íntegramente por el Estado. Asimismo, habrá un permiso universal para mujeres en la semana 39 de gestación y otro cuando el médico estime que la mujer no está en condiciones de trabajar tras un aborto, tanto voluntario como involuntario. Además, se repartirán gratuitamente compresas y productos de higiene femenina en institutos, prisiones, centros sociales y otros organismos.
3 Violencias reproductivas
El anteproyecto contempla como violencias reproductivas la gestación subrogada y la esterilización, el embarazo y el aborto forzoso. La norma trata de acabar con algunas prácticas de violencia obstétrica en los paritorios y las consultas ginecológicas; aunque ante el rechazo que generó en el ámbito médico el propósito del Ministerio de Igualdad, finalmente este término no se incluye en la norma pero sí se insta al personal sanitario a que actúe conforme al parto respetado. Además, la ley prevé un protocolo común y la formación de los profesionales en el parto respetuoso y no intervencionista.
4 Anticoncepción
El anteproyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros contempla que se imparta educación sexual en todas las etapas educativas, como yaestá previsto por otra parte en la ley educativa LOMLOE. Además, prevé que se repartan de forma gratuita anticonceptivos en los centros educativos y penitenciaros. Se crearán centros de atención especializados salud sexual; una línea de atención telefónica y se formará a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos. Además, las píldoras de última generación volverán a estar financiadas por la Seguridad social.
