El Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó ayer que haya dado órdenes para que agentes de la Policía Nacional entren en domicilios sin orden judicial cuando se estén celebrando fiestas ilegales, pero en todo caso argumentó que el derribo de una puerta por parte de agentes policiales, difundido por redes sociales, se ajustó al marco legal, ya que considera que los pisos turísticos no son “morada” y por tanto no están sujetos al artículo 18 de la Constitución Española, que reconoce la inviolabilidad de los domicilios. Esta postura la refrendó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

Esta polémica sobre la irrupción de agentes policiales en domicilios particulares surgió después de que el pasado fin de semana circulase un vídeo en el que se ve cómo agentes de la Policía Nacional derriban una puerta para acceder a un domicilio y disolver una fiesta que no cumplía las medidas para luchar contra el COVID-19.

Sin embargo, un juzgado madrileño absolvió al dueño de una vivienda de un delito de desobediencia del que había sido acusado por celebrar una fiesta ilegal a la que la Policía Nacional accedió abriendo la puerta a la fuerza sin orden judicial. En concreto, según consta en el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a uno de los dos detenidos al tratarse de una infracción administrativa leve y no de un delito de desobediencia grave.

La portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez Blanco, considera que existe base legal suficiente para que la Policía entre en domicilios sin orden judicial para disolver fiestas ilegales, como ha ocurrido al menos en dos ocasiones en Madrid en las últimas semanas. Vázquez argumenta que su entrada en los domicilios forzando la cerradura se produce ante un “flagrante delito” lo que, “ha sido avalado recientemente por dos magistrados madrileños.

La diputada añade que los jueces también amparan este proceder ante casos de “delito flagrante de desobediencia grave o resistencia a los agentes”, es decir, si alguien se niega a abrir la puerta para que la Policía proceda a su identificación.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, expresó ayer sus discrepancias con la opinión oficial del Gobierno en torno a la polémica por la llamada ‘patada en la puerta’ para desbaratar una fiesta ilegal y recalcó que el Tribunal Constitucional establece que los pisos turísticos también es un domicilio, por lo decir lo contrario es ignorar el “alcance del derecho a la intimidad”.

Juristas como el abogado penalista José María de Pablo señalaron ayer que “Interior lleva 25 años sin leer jurisprudencia”, en relación a resoluciones del Tribunal Constitucional de 1984 y 2002 que sí consideraban “morada” las habitaciones de un hotel. La agogada Guadalupe Sánchez recordó que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era un magistrado que “conocía y aplicaba” la citada jurisprudencia.