Las futuras vacunas deberán sortear la desigualdad global

Todavía no está claro cuándo ni cómo llegará la futura vacuna contra el Covid-19. Pero el debate sobre su reparto ya está aquí. La OMS ha puesto sobre la mesa dos propuestas. La primera, para priorizar la vacunación de los sanitarios, los grupos de riesgo y los mayores de 65. Y una segunda, para distribuir dosis en función de la población de cada país. Ahora, una veintena de expertos en filosofía y ética reclaman a través de la revista "Science" que el reparto de las vacunas priorice a las naciones más desfavorecidas, donde la pandemia puede causar más muertes y más daño económico.

El debate sobre el reparto de las futuras vacunas se intensifica ante la expectativa de que las primeras dosis podrían llegar a finales de este mismo año. Al menos así lo han anunciado algunas de las compañías que lideran esta carrera y que ahora mismo ya están testando sus inyecciones a gran escala. Mientras, gobiernos de todo el mundo se enzarzan para asegurarse estos fármacos. China y Rusia ya han patentado sus respectivas fórmulas, a pesar de que todavía no se haya demostrado su seguridad y efectividad. Y, desde EE UU, Trump afirma que tendrá lista una vacuna antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

"Estamos ante una peligrosa prisa por ver quién es el primero en llegar a la meta de la vacuna", alerta un reciente editorial de la revista "Science". La competición por ver qué país es el primero en patentar una inyección o quién es el que más dosis reserva se ha convertido en un sentimiento de "nacionalismo de vacunas", que se refleja tanto en la política como en la opinión pública. Pero "el derecho de las personas a acceder a unos recursos que salvan vidas no debería depender de su nacionalidad", reclaman los expertos desde una perspectiva ética.

Esta nueva propuesta, bautizada como Modelo de prioridad justa ( Fair priority model), pide que las primeras vacunas se utilicen para reducir la mortalidad. Es decir, que habría que vacunar primero a los colectivos que, en caso de contraer la enfermedad, tienen más riesgo de desarrollar secuelas graves o morir. Una vez protegidas estas franjas, las siguientes dosis deberían ir para los grupos que se ven más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia y que necesitan reanudar su actividad. Y, finalmente, la tercera tanda de vacunas se destinaría al grueso de la población. Siempre priorizando a los países con mayor tasa de infección. Al final de este proceso, entre un 60% y un 70% de la población debería estar inmunizada.

Este planteamiento implica que, por ejemplo, los países que logren frenar los contagios deberían compartir sus vacunas con los países en los que el virus sigue al alza. Porque, en el fondo, la pandemia no se limita a lo que ocurre dentro de cada frontera, sino que se trata de un problema global. Esta nueva propuesta de distribución justa, pues, plantea una alternativa más solidaria al acopio de vacunas que ya están incentivando algunos estados.

La posible aplicación de esta propuesta choca con una realidad mucho más pragmática, en la que la carrera por las inyecciones avanza a dos velocidades. Por un lado, los países con más poder adquisitivo se enzarzan en la preventa de un producto que todavía no está listo. Y, por el otro, organismos internacionales trabajan para asegurar el acceso a este recurso de los países de ingresos medios y bajos. El debate bioético sobre el reparto de las inyecciones solo se aplicaría en este segundo grupo.

La vacuna sigue librándose en los laboratorios y en los ensayos clínicos. Una vez conseguida una fórmula segura y eficaz, tocará enfrentarse al reto de la producción y distribución a gran escala. Será entonces cuando el debate ético pase de la teoría a la práctica.