El juez gallego Alfonso Villagómez Cebrián (Ourense, 1961), del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, ha decidido no ratificar las medidas restrictivas de la Comunidad de Madrid contra el Covid-19, relativas al tabaco, la hostelería, las discotecas y las residencias de mayores. Según ha podido saber FARO de fuentes judiciales, la Comunidad de Madrid solicitó ayer a al juzgado de Contencioso Administrativo de Madrid (correspondió al número 2) la ratificación de la Orden 1008/2020 de la Consejería de Sanidad por la que se establecen medidas contra el Covid-19

El juez ourensano Alfonso Villagómez, en auto de la misma fecha, ha acordado no autorizar dicha ratificación, por considerar que no se ajusta al ordenamiento jurídico. Villagómez advierte en su auto de la falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden de Sanidad del ministro Salvador Illa que sirve de presupuesto (reunión del Consejo Interterritorial de consejeros con el ministro del día 14 de agosto). El magistrado gallego, que declara la orden "nula de pleno derecho", destaca que las medidas restrictivas de derechos fundamentales solamente pueden realizarse previa declaración de estado de alarma, que puede en este caso quedar limitado a la Comunidad de Madrid.

En la resolución, que está siendo analizada por los expertos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, Villagómez argumenta que "los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad".

Alfonso Villagómez Cebrián, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ingresó en la carrera judicial por oposición hace ahora 30 años. Desde 1999 es magistrado de lo contencioso-administrativo, y ha trabajado en los juzgados de Sevilla, Guadalajara y en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Fue asesor del Defensor del Pueblo (1994-1995) y del Gabinete del Ministro de Justicia (2004-2008), así como letrado del Tribunal Constitucional (1998-2001). Es titular de la sala 14 del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid,