Tras la aprobación esta semana del nuevo Ingreso Mínimo Vital que beneficiará a 850.000 hogares, fueron varias las comunidades, de distinto signo político, que alzaron la voz en la Conferencia de Presidentes para reclamar la gestión de esta renta al igual que País Vasco, Navarra o Cataluña.
Autonomías del PP como Galicia, Andalucía o Castilla y León coincidieron con gobiernos presididos por socialistas como el de la Generalitat valenciana o Aragón además de Cantabria, donde gobierna Miguel Ángel Revilla, para pedir la cesión de esta renta vital.
El presidente de la Xunta se mostró especialmente duro al que acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "subordinar la lucha contra la exclusión social a sus cálculos políticos". El compromiso del Ejecutivo central de ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital a País Vasco, Navarra y Cataluña se produce en el marco de las negociaciones del PSOE en el Congreso con el PNV y ERC para conseguir la mayoría necesaria para aprobar una nueva prórroga al Estado de Alarma.
Feijóo esgrimió que Galicia lleva gestionando la Risga desde hace 30 años y tildó de "grave irresponsabilidad" que ahora la nueva Renta Mínima Vital se ceda a unas comunidades y no a otras. "Es una asimetría, deben aplicarse criterios de justicia y equidad", reclamó.
Preguntado Pedro Sánchez ayer sobre si va a ceder la gestión de esta prestación a todas las comunidades, se limitó a decir que los detalles se publicarán hoy en el Boletín Oficial del Estado y defendió la aprobación de esta renta: "nuestro país ha ganado en justicia social pero sobre todo en decencia".
