El plan de desescalada del Gobierno, que establece como norma general que el "cole" deberá esperar a septiembre, señala también varias excepciones que la comunidad educativa no refrenda en su totalidad. Por ejemplo, algunos padres o docentes cuestionan que los centros se conviertan en un plan B para conciliar para aquellos padres de niños de hasta 6 años que tengan que acudir al trabajo de forma presencial, mientras que sí ven bien, si todas las garantías sanitarias se cumplen, que los jóvenes que van a hacer la selectividad puedan regresar a las aulas. En todo caso, desde sindicatos como ANPE o directores de instituto gallegos, lo que se pide al Ejecutivo es una mayor "concreción" de las medidas.
Los progenitores de la Confederación de Anpas Galegas reiteran que la decisión de un regreso a las aulas "sigue siendo un tema de sanidad". "Priorizar el tema de conciliación, que es lo que parece, al tema de seguridad, no lo tenemos claro y menos en niños menores de seis años que no aguantan mascarillas o guantes", cuestiona Isabel Calvete, vicepresidenta. A su juicio, "prisa no hay ninguna, el curso ya está acabado" y cree que "en ningún caso se puede poner en peligro la seguridad de los niños y de las familias". Otra cuestión serían los mayores, sobre todo quienes harán la ABAU, pero estos tienen tiempo para repasar. Insiste: "Es más importante controlar la enfermedad y no tener un repunte que obligue a estar en casa en otoño".
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Desde Confapa-Galicia, Rogelio Carballo, no obstante, advierte de que el problema de la conciliación es "una auténtica laguna" en toda la actuación de las instituciones y que deja en el olvido al alumnado mayor de seis años, "que no está contemplado en ningún sitio". Estas familias también "necesitan una alternativa" para conciliar", dijo, y reclamó que se concreten estas medidas y se planifique "con un mínimo de tiempo".
Isabel Ruso, presidenta de la Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, no opina sobre los niños más pequeños, pero echa en falta más "concreción" en determinar "cómo" sería la incorporación del alumnado. "Sea para incorporar a las aulas a alumnos de Bachillerato, sea para alumnado de refuerzo, necesitamos una concreción", alega, "porque los centros tienen que organizarse para su recepción". Por ejemplo, si vuelven alumnos de Bachillerato, "aunque sea en número reducido", eso podría "dar opción" a exámenes presenciales de materias pendientes.
Sindicatos como CIG o ANPE comparten el rechazo a ejercer de guarderías, pero son más receptivos con los chicos que van a selectividad. Suso Bermello, presidente de la CIG, valora la vuelta de los alumnos de 2º de Bachillerato "si existen condiciones de carácter sanitario", siempre y cuando se limiten los estudiantes por aula y se trate de "refuerzo y recuperación" para la ABAU. ANPE abre la mano a quienes están en otros cursos de final de etapa. En cuanto a los niños pequeños, Bermello cree que la "escuela no está" para "cubrir una carencia muy grave del sistema laboral español como son las dificultades para conciliar". También Julio Díaz, de ANPE, reivindica el carácter "educativo y no solo asistencial y lúdico de la educación".
La Consellería de Educación, por su parte, considera que si se recurre a los centros educativos para facilitar la conciliación a los padres ante la vuelta a actividad laboral, la medida no debe limitarse solo a alumnos de hasta 6 años. "Muchos niños de Primaria también necesitarán quedarse en la escuela", señaló en una entrevista a la TVG la conselleira del ramo, Carmen Pomar. En todo caso, opina que las excepciones citadas por Pedro Sánchez para la vuelta al cole de septiembre "un poco abstractas y dispersas" y esperan que el Ministerio concrete "cómo va a ser ese regreso a las aulas". Coincide con padres y sindicatos en que es "prioritaria" la vuelta en 2º de Bachillerato, para que tengan la opción de acudir a clases presenciales voluntarias.
Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que se pedirá una aclaración sobre "ese concepto difuso y confuso que es la apertura de las guarderías", reprochando que el criterio del Gobierno central sea "si los padres tienen trabajo o no". También ha explicado que, antes de formular su postura, el Ejecutivo autonómico "validará" con los expertos clínicos del Sergas qué riesgo pueden tener los niños si vuelven a los centros.
