La fecha que se marcó Inditex tras el estallido de la pandemia para decidir qué hacía con su plantilla vence mañana. Su primera intención fue un ERTE. La prioridad de la compañía es "preservar todo el empleo", como anunció el 18 de marzo, y la búsqueda de "la forma más eficaz" incluía estudiar todos los instrumentos laborales habilitador por el Gobierno. Pocas horas después confirmó a los sindicatos un ajuste que no pasó de ahí porque finalmente el gigante textil postergó cualquier decisión a esperar al 15 de abril. Con la emergencia ya renovada, el equipo liderado por Pablo Isla apuesta por resistir. El propio presidente anunció ayer que "va a seguir sosteniendo con recursos propios el pago de la retribución a toda su plantilla en España". No habrá ERTE este mes para los 25.000 empleados aproximadamente que tiene en tiendas en el país, que cobrarán su nómina íntegra.

La puerta no queda cerrada a hacerlo en el futuro. Se estudiará "más adelante", señala Inditex en un comunicado, "en función del desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de la actividad en las tiendas". En ellas, según pudo saber FARO, se plantea la creación de una especie de retén integrado por cuatro personas para dar salida al stock vendido online. Serán responsables de los establecimientos, aunque los grupos podrían abrirse a otros dependientes "siempre de forma voluntaria".

Galicia acumulaba hasta ayer un total de 32.926 ERTE con 192.794 trabajadores afectados. Por primera vez se reduce el número. Son 12.602 empleados menos que el pasado día 8, posiblemente, según explican fuentes sindicales, por el fin de ajustes vinculados a las primeras semanas de la emergencia.

La ministra de Trabajo y Economía Social elevará al Consejo de Ministros la posibilidad de alargar y prolongar los ERTE por fuerza mayor -destinados a empresas y negocios que obligatoriamente deben cerrar- en determinados sectores. Yolanda Díaz mantuvo ayer un encuentro telemático con las principales organizaciones de los trabajadores por cuenta propia, ATA, UPTA y Uatae. Para el colectivo y para las pymes, el Gobierno prevé aprobar hoy un real decreto para establecer la ampliación al 20 de mayo de los plazos de presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos (IVA, IRPF y Sociedades) en negocios con una facturación inferior a 600.000 euros. La norma facilitará que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa.