Al menos tres familias gallegas, procedentes de Vigo, Lugo y Allariz, están 'atrapadas' en Kiev en estos momentos, con recién nacidos en una situación apátrida tras la directriz ministerial emitida el 22 de febrero que ordena a los consulados españoles no aceptar a trámite la filiación de menores nacidos mediante la técnica de gestación subrogada. Esta situación afecta actualmente a 28 familias españolas que se encuentran en Kiev, según los cálculos que facilitan afectados. Hasta 16 bebés han nacido en el transcurso de ese mes, aunque "habrá doce nacimientos más en las próximas semanas", avanzan a FARO. Sin entrar en consideraciones sobre la práctica alegal y prohibida en España de la maternidad subrogada, la compleja situación burocrática abierta por el nuevo contexto legal deja un reguero de familias en dificultosas peripecias vitales.

Han sido varias las parejas españolas que han acudido a Ucrania con bebés nacidos por gestación subrogada -concertados hace años- y que han visto esta semana denegadas sus solicitudes para inscribir a los recién nacidos como hijos de españoles, en virtud de esa reciente instrucción del Ministerio de Justicia de España. La nueva directriz exige la filiación mediante una resolución judicial y ese trámite no se contempla en Ucrania -solo en EE UU y Canadá-.

Es el caso que se le planteará a una pareja de Vigo, que prefiere mantenerse en el anonimato, y que habla desde una capital ucraniana envuelta en frío. "Estamos atrapados, porque la vía española está cerrada", asegura el vigués, "nos hallamos en una especie de limbo jurídico". Su hija ha nacido hace exactamente diez días en una maternidad pública y la inscribirán el próximo martes. En este momento, desconocen cuánto tiempo más tendrán que pasar en Kiev, en donde viven en una casa compartida con otra familia española en la misma situación. "Al final, a quien estás perjudicando es a los menores en vez de protegerlos", critica el afectado. Además, asegura que "esa instrucción que mandó la Ministra de Justicia no respeta ni tiene en cuenta los embarazos en proceso; es arbitrario. Un niño no nace por generación espontánea, lleva implícita una gestación de nueve meses, así que no se puede cambiar una norma de este tipo de un día para otro sin respetar esas situaciones y estos recién nacidos", defiende.

"¿Por qué mi hijas tienen que ser ucranianas y el bebé que nació cinco horas y media antes que ellas es español? ¿Qué tienen de diferente con los que vinieron al mundo horas antes que ella?", se pregunta la madrileña Rocío Jorge Arellano, pareja del asturiano J. Q. y cuya situación reviste una especial gravedad. Una de las mellizas que vino al mundo el día 23 de febrero en Ucrania y a través de la técnica conocida popularmente como "vientres de alquiler" tiene una cardiopatía y, sin nacionalidad reconocida, no puede acceder tampoco al sistema nacional de salud para tratarse. "Tiene un problema de comunicación auricular, además de un estrechamiento de la arteria pulmonar", comenta Rocío Jorge ya desde Madrid, mientras su marido continúa en Kiev con las dos bebés. El matrimonio tiene otra hija de 8 años, por lo que se han visto obligados a hacer un puzzle de jornadas laborales, viajes y atenciones médicas a las bebés, al tiempo que cuidan de que la niña no se resienta de absentismo escolar. "Ahora piden una sentencia judicial que el gobierno ucraniano no tiene en vigor porque la filiación se decide por certificación registral de nacimiento, de la autoridad pública, que hacen el registro de los recién nacidos por vía administrativa, tras los resultados de un test de ADN. Eso esta únicamente en vigor en EE UU y Canadá, y normalmente en dos semanas, pero no en Ucrania. No sabemos si esto lo harán autoridades ucranianas y cuánto tiempo podría llevar", se pregunta la madrileña.

Rocío Jorge, cuyo vídeo de denuncia por la situación se está difundiendo en redes sociales estos días es pionera en un planteamiento que entronca directamente con el Código Civil español. "Entendemos que concebidas es igual a nacidas. Deben tener la consideración de nacidas a todos los efectos que les sean favorables, siendo la inscripción y la consecuente adquisición a través de ella de la nacionalidad española, ya que han sido reconocidas como concebidas por un notario ucraniano y otro en España, a través de un documento de filiación y porque una de ellas, de forma muy llamativa, la cobertura sanitaria urge por una patología cardíaca diagnosticada", explica.

Para finalizar, los afectados piden a la ministra de Justicia "que revoque la instrucción que surgía el 22 de febrero, ya que no protege en absoluto a los menores, y analice, estudie, que trabaje en este tema como corresponde, en profundidad...".

En una situación similar se encuentra Daniel Barroso, procedente de Segovia, que se topó con la negativa al ir a registrar el nacimiento de Lucía, de apenas unas semanas de vida, con las autoridades ucranianas. "La cruda realidad es que mi hija está desamparada por el Gobierno español", expresó.

Los afectados estiman que habrá pronto más de 50 familias españolas en esta situación, ya que hay procesos de gestación subrogada en marcha y habrá más recién nacidos.

En Ucrania operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 70.000 euros, incluidos gastos médicos, alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.