Los cinco miembros de La Manada quedaron ayer en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo de Navarra resuelve los recursos presentados a la sentencia que los condenó el pasado mes de abril a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en Sanfermines de 2016. Tras dos años de prisión, los sevillanos abandonaron la cárcel mientras las principales ciudades de España salieron a la calle en contra de la decisión de dejarles en libertad.

Los primeros en abandonar la prisión, previo pago de los 6.000 euros de fianza fijados por la Audiencia de Navarra, fueron los tres condenados que se encontraban en la cárcel de Pamplona. A José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza les esperaban hacia las seis de la tarde de ayer dos coches a la salida del centro penitenciario. Allí también aguardaban algunos de sus familiares, los medios de comunicación y varias personas, que les gritaron y abuchearon mientras abandonaban el lugar.

Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, los encausados en la cárcel militar de Alcalá de Henares, en Madrid, se fueron en taxi en torno a las siete y media de la tarde. Los miembros de La Manada se mostraron ayer "contentos, satisfechos y locos por encontrarse con su familia", según el abogado de tres de ellos, Agustín Martínez Becerra. Los condenados se encontraban en prisión desde el 9 de julio de 2016 y la Audiencia de Navarra les concedió el jueves la libertad provisional al considerar "impensable" que vuelvan a delinquir o que puedan fugarse.

El Gobierno criticó ayer la decisión de poner en libertad a los miembros de La Manada, tal como señaló su portavoz, Isabel Celaá. "Los hechos probados y condenados son muy graves, gravísimos", argumentó Celaá, y añadió: "Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado". Una idea que se dejó sentir ayer en las calles con el simbólico grito de "no es no".

Manifestaciones

Miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades del país, tales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Pamplona o Sevilla, para criticar la decisión judicial al grito de "fuerza machistas de los juzgados". Las feministas sevillanas, ciudad donde residen los cinco miembros de La Manada, fueron especialmente activas y llevaron a cabo una campaña en redes sociales para aislarlos y promover su rechazo. Han repartido una serie de carteles en los comercios de la capital andaluza con lemas como En este establecimiento no atendemos violadores. #Stopmanada. En el caso de A Coruña las concentraciones se celebraron el jueves.

En materia legal, el Ejecutivo estudiará una posible reforma del Código Penal en los artículos referidos a la violencia y la indemnidad sexual, tal como reveló ayer la portavoz del gobierno ayer en rueda de prensa. También se propondrá una ley orgánica para mejorar la formación en materia de violencia de género, como recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apoyado por todos los partidos, menos Podemos. Por último, el Ejecutivo se planteó personarse en los futuros casos de delitos sexuales "en defensa de las víctimas".

Un procedimiento que, más tarde, matizó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no se podía llevar a cabo porque existen una serie de "normas y reglas".

El resto de partidos políticos también criticaron la medida. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, argumentó que el problema está en "la lentitud de los tribunales".

Las reacciones políticas se sucedieron ayer también en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confesó "estar sorprendido" por la decisión del tribunal, si bien recordó la "independencia" del poder judicial y apeló a "acatar" las sentencias.

Como "responsable de una institución democrática, diputado y presidente de la Xunta", Feijóo subrayó que la "convivencia" en los Estados de Derecho se basa "en la independencia del poder judicial" y también "en el acatamiento de las sentencias". A su juicio, esta es "la grandeza del Estado de Derecho", aunque puedan "sorprender determinadas decisiones".

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, exigió un "cambio mental" en la judicatura y que se reforme el Código Penal para evitar que se repitan actuaciones como las ocurridas en el caso de La Manada. "Ya sé que lo políticamente correcto es decir que respetamos las decisiones judiciales pero yo no puedo respetar algo que es injusto", añadió.

Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego, opina que tendría que iniciarse un proceso de "investigación" sobre los magistrados que han decretado la puesta en libertad condicional para "inmediatamente llegar a las conclusiones pertinentes para destituirlos".

El descontento también llegó a los abogados. La presidenta del Consejo General de Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que la resolución "pone de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género".