La Justicia británica rechazó ayer ordenar la liberalización del aborto en Irlanda del Norte, pero advirtió de que su legislación es "incompatible" con los derechos humanos, un fallo que aumenta la presión sobre Londres y Belfast para que sus políticos intervengan en esta cuestión.
El Tribunal Superior del Reino Unido desestimó un recurso de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, destinado a considerar si la ley del aborto en la provincia viola los derechos de las mujeres, pues se les prohíbe interrumpir embarazos en casos de malformación del feto, violación o incesto.
No obstante, cuatro de los siete magistrados que componen la más alta instancia judicial británica reconocieron que la legislación vigente es "incompatible" con el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el respeto a la vida privada y familiar.
A diferencia del resto del Reino Unido, donde es legal, el aborto está regido en el Ulster por dos leyes -de 1861 y 1945- que establecen que la terminación del embarazo es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación.
