Al menos una quincena de niños de familias inmigrantes en situación irregular no reciben ayudas para escuelas infantiles o libros de texto por la burocracia administrativas de la Xunta, denunció la asociación Foro Galego de Inmigración coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial de la Infancia.
Representantes de dicha asociación presentaron esta mañana ante el Registro de la Xunta cartas de los niños ilustrativas de esa situación que calificaron de "discriminación" y enfatizaron que son un reducido número de niños de familias vulnerables que deberían beneficiarse de ayudas cuyo coste es irrisorio para la sociedad.
Un portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, subrayó que podría haber "algunas decenas" de niños en esa situación en Galicia, donde los inmigrantes, alrededor de unos 100.000, representan tan solo un 3 % de la población.
Fernández consideró paradójico que mientras esos niños están "obligados legalmente" a cursar estudios en escuelas e institutos "independientemente de que estén o no en situación irregular" en España, "no pueden acceder a ayudas" por cuestiones burocráticas.
Así, indicó que para poder disponer de ayudas para escuelas infantiles, libros de texto o material escolar, las autoridades exigen a los padres el documento de acreditación de autorización de residencia conocido como NIE porque "no les vale el pasaporte" que les identifica, lo que supone una "discriminación importante".
Algo parecido ocurre con las ayudas relativas al denominado "bono cuidado" o la "tarjeta bienvenida" que van dirigidas precisamente a las personas con menos recursos, comentó.
Destacó que entre los inmigrantes en esa situación hay algunos recién llegados de Venezuela y de otros países, cuyos hijos tienen que acudir a la escuela pese a estar todavía en situación precaria.
Rodríguez precisó que las reclamaciones ante el Registro de la Xunta están dirigidas a las consellerías de Educación y de Política Social, que gestionan esas ayudas.
"Extender esos derechos no costaría prácticamente nada y sería una cuestión de justicia", comentó Rodríguez, y subrayó que ayudar a esas familias supondría para la Xunta "muy poco esfuerzo económico".
El representante del Foro Galego de Inmigración enfatizó que el 70 % de la población inmigrante en Galicia es adulta, en muchos casos no tienen hijos a cargo y contribuye a la economía en empleos que a menudo "no quiere efectuar la población gallega", tales como el cuidado de personas mayores.
