La Fiscalía gallega tiene su propia receta para hacer frente al déficit de recursos de la Justicia, que en época de crisis tendrá que apretarse aún más el cinturón. Para el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, la clave para "ahorrar" en la Administración judicial está en la potenciación de la mediación judicial, una medida que también evitaría litigios en masa que han sumido en el caos a la mayoría de juzgados en la comunidad. Asimismo, el fiscal superior alertó de la "proliferación de sucesos violentos en el ámbito familiar" por parte de menores.
Una vez más, Varela lanzó un mensaje a la Administración autonómica, recogido por el propio conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, al advertir de la inexistencia de "centros adecuados" para el diagnóstico y tratamiento de estos jóvenes.
Para ello, reclamó al Ejecutivo autonómico que habilite centros de este tipo en Galicia y potencie los equipos de mediación juvenil.
En cuanto a los casos de violencia de género, de los que en 2009 se registraron en Galicia cuatro homicidios consumados, defendió la creación de un equipo multidisciplinar que entreviste y valore al agresor "desde el primer momento que la víctima pone la denuncia".
Nuevo año judicial
En su intervención en la apertura del año judicial, Varela, junto al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, alertó del "deficiente" modelo "organizativo y de gestión de los procedimientos". Para aliviar el atasco judicial, el fiscal superior apostó por una ley autonómica de mediación para resolver procedimientos de familia, menores, pequeños conflictos vecinales e incluso de pequeñas empresas.
Este sistema, que ya se aplica en Santiago desde hace un año, en Ourense desde agosto y que en fechas próximas se extenderá también a A Coruña, permitirá –según Varela– la "saturación innecesaria" de los órganos judiciales.
El fiscal superior de Galicia instó también a los sectores implicados, y en especial a los letrados, a dejar a un lado sus "reticencias" por la aplicación de este sistema y abogó por continuar implantándolo en el resto de Galicia y "a otras jurisdicciones".
