La Comisión Europea lanzó ayer un nuevo expediente contra España por eximir a las bibliotecas públicas del pago de derechos de autor por el préstamo de libros pese a que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ya sentenció en octubre de 2006 que ello vulnera la legislación comunitaria.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción por incumplimiento de la sentencia del TUE. España tiene ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones.
Si al final del procedimiento no se introduce el canon en las bibliotecas, el Ejecutivo comunitario podría pedir al Tribunal de Justicia europeo que impusiese multas diarias al Estado español.
En concreto, Bruselas considera que el Estado español ha vulnerado la directiva sobre derechos de alquiler y préstamo, que estipula que los autores deben recibir una remuneración cuando sus trabajos se usen para el préstamo público en una biblioteca.
