Ante la proximidad de la orden ministerial que establecerá el listado de aparatos que deben pagar el canon digital y su cuantía, la polémica aumenta entre las partes implicadas y CEDRO -asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones para gestionar sus derechos de propiedad intelectual- quiso dar a conocer su postura, debido a la "confusión" generada.

"CEDRO defiende una compensación justa para autores y editores por la copia privada de libros y revistas" asegura esta organización en un comunicado de prensa en el que alerta de que la industria "está intentando presionar al Gobierno para reducir la compensación que los titulares de derechos deben recibir por la copia privada de sus obras y sin modificación de la ley respecto a las tarifas desde el año 1992".

Según José María Puig de la Bellacasa, presidente de esta entidad de gestión, las tarifas que la industria paga por los aparatos que permiten la reproducción de libros y revistas están vigentes desde 1992, salvo en el caso de las "máquinas multifunción" (aquellas capaces de, por ejemplo, hacer fotocopias y también escanear), que fue renegociada hace cuatro años.

Originariamente, la industria pagaba 45 por euros por cada aparato multifunción, pero hace cuatro años se rebajó a 15 euros, por "acuerdo de las partes", recordó José María Puig.

"Ahora, hay una polémica provocada por la industria que presiona para rebajar esa tarifa de 15 a tres euros, con la excusa de que se tienen que renegociar todos los aparatos porque ahora todos son digitales", añadió el presidente de Cedro.

Puig de la Bellacasa insistió en que "no discutimos si el canon es justo o no, eso se aprobó e incluyó en la ley; de lo que se trata es de rebajar las tarifas ya en vigor con demagogias".

Por su parte, la Asociación de Internautas alerta de que el precio de los productos digitales en el mercado español podría incrementarse en un 30 por ciento por el canon, y denunció el "sangrante caso" de las administraciones públicas, donde los soportes digitales sólo se utilizan para tareas de servicio público, aunque tendrán que pagar igualmente la compensación por copia privada.

El plazo para la publicación de la orden ministerial -de Cultura e Industria- termina el próximo 27 de marzo, aunque según ha adelantado el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, David Cierco, no se descarta flexibilizar "la aplicación de los plazos".