Funcionarios y personal que trabaja para la administración de Justicia y, por lo tanto, todos los agentes jurídicos implicados y los propios administrados, se preparan para tener que escalar un nuevo puerto de montaña. En una administración ya de por sí saturada, el parón provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19 parece abocar a los juzgados a una nueva etapa de retrasos y saturación, especialmente a partir de septiembre.
Por el momento, el parón por la Covid-19 ya tiene cifras en Pontevedra. Los juzgados de la capital dejaron de ingresar un 30% menos de asuntos en la primera mitad del año que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Y, según las fuentes y operadores jurídicos consultados, se trata de un bajón que no es tal. Es decir, todos ellos advierten de que se trata de casos latentes, que no han desaparecido, sino que se dejaron de ingresar por el parón de la actividad y que llegarán ahora en forma de "avalancha de demandas" una vez que se retomaron los plazos procesales el pasado 4 de junio, tras la suspensión decretada por el estado de alarma el 14 de marzo.
-30%Demandas hasta junio
-48%Contencioso-administrativo
-45% Instrucción
-43Menores
En total, los órganos judiciales de la ciudad del Lérez ingresaron 3.157 asuntos en la primera mitad del año, frente a los 4.535 del año anterior. En lo que respecta a Pontevedra, el descenso más acusado se produjo en los juzgados de lo Contencioso-administrativo, en donde el descenso de asuntos ingresados cayó un 48%, junto con los juzgados de instrucción (un 45%, al pasar de 1.166 asuntos a 637) o los juzgados de lo Penal (con una caída del 40% al pasar de ingresar 665 a 399 casos). También es acusado el descenso de actividad en los juzgados de lo Social, que asumieron un 39% de asuntos menos al pasar de 645 a 392. En las salas de lo Mercantil, el descenso fue de un 29% (de 203 se pasó a 144 expedientes). En cuanto a los juzgados de instrucción, la caída fue menor, de un 18,4% al ingresar en el primer semestre 540 asuntos, 122 menos que en el ejercicio anterior.
El único caso "anómalo" es el de Vigilancia Penitenciaria, que sí vio crecer el número de casos al no poder detener su actividad por tratarse de actuaciones urgentes con personas internas en centros penitenciarios involucradas. En su caso, el número de asuntos se incrementó un 10%.
En lo que respecta a los menores, la Fiscalía también vio cómo el número de asuntos ingresados caía de forma importante: un 43%.
Los juzgados de lo Social y Mercantil esperan un fuerte incremento de la actividad por las demandas derivadas de los ERTES o despidos
Esta caída en el ingreso de asuntos sería una buena noticia para aliviar la carga de trabajo si se tratase de un descenso en la litigiosidad, pero desde los distintos sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia subrayan que, por desgracia, reflejan solo el parón de la actividad por la crisis sanitaria y ahora las cifras se "dispararán" provocando un nuevo colapso por lo que será necesario adoptar importantes de refuerzo.
Son tres los órdenes jurisdiccionales que preocupan especialmente, dado que se cree que van a ser los más afectados también por las consecuencias de la crisis económica derivada de la Covid-19: El Contencioso-administrativo, el Social y el Mercantil, tal y como destacan Nilo Fernández, de SPJ-USO; y Enrique Araújo, de STAJ. En estos dos últimos, Social y Mercantil, se espera un fuerte incremento de la actividad por las demandas derivadas de los ERTES o de situaciones de despidos a causa de la recesión económica que se espera.
Los sindicatos urgen a plan de choque "ambicioso" tanto en medios como en duración para sacar a la Justicia de este bache
"No son cifras reales", indica Pablo Valeiras de Alternativas na Xustiza-CUT. "Hay que recordar que el levantamiento de los plazos procesales no se acordó hasta el pasado 4 de junio por lo que los decanatos no empezaron a repartir demandas hasta hace nada por lo que son casi tres meses sin actividad, por eso esas cifras son irreales", añade. Cree que "agosto, en la práctica, será inhábil y que en septiembre muchos abogados sacarán del cajón las demandas que guardaron durante este tiempo". También Enrique Araújo de STAJ espera "una avalancha de demandas, tanto en este mes de julio como probablemente después en septiembre". Por ello, todos los sindicatos coinciden en que en ese momento habrá que diseñar un plan de choque "ambicioso" tanto en medios como en duración para sacar a la Justicia de este bache.
Prevén recibir múltiples recursos por las multas del confinamiento
Los sindicatos prevén que los tres órdenes jurisdiccionales más afectados por la crisis del Covid-19 sean el Social (despidos, ERTEs y otras medidas que se esperan en materia laboral), Mercantil (por la posible entrada en concurso de empresas) y Contencioso-administrativo.
En este último orden, una de las razones por las que esperan un incremento de actividad es ante la posibilidad de que en los próximos meses comiencen a recurrirse ante los tribunales muchas de las multas impuestas durante el estado de alarma por incumplir el decreto que decretaba una serie de limitaciones de la movilidad para intentar frenar el ritmo de contagio de la enfermedad. Y es que aunque las denuncias eran inmediatas, las notificaciones de las sanciones están empezando a llegar ahora a cuentagotas.
En cualquier caso, desde los sindicatos indican que, aunque haya que prestar especial atención a estos tres órdenes jurisdiccionales (según su evolución) no se debe dejar fuera de un plan de choque para actualizar los juzgados al resto de órganos judiciales.
Por el momento, en Galicia no se ha abordado ningún plan de choque concreto. Sí hay ya algún borrador a nivel estatal para las autonomías con competencias en manos del Ministerio. A la espera de concretar cuál será el que se aplique en Galicia, sindicatos como STAJ señalan que un plan como el que plantea el Ministerio se quedaría "corto" dado que "se centra en aquellos órganos que ya están muy saturados".
