Después de varios intentos por celebrar el juicio ayer por fin pudo arrancar la vista oral contra siete personas acusadas de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y, en varios casos, tenencia ilícita de armas. De hecho, según el fiscal, uno de los acusados, J. M. F. M. se enfrenta también a un posible delito de atentado a la autorida dado que el Ministerio Público le acusa de encañonar con una escopeta a los agentes que acudían a registrar su domicilio.
Sin embargo, la mañana de ayer apenas permitió avanzar más que en presentar la larga batería de cuestiones previas que presentaron las defensas de los acusados que, a grandes rasgos, tienen como objetivo pedir al tribunal que declare la nulidad de las actuaciones al denunciar múltiples irregularidades que, a su juicio, se realizaron durante la instrucción. Los abogados de las defensas insistieron que se vulneraron los derechos fundamentales de los acusados.
Entre algunas de las irregularidades que denuncian las defensas están, por ejemplo, la posible falta de competencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra para juzgar este caso. Uno de los letrados afirmó que al incluir la Fiscalía la acusación de pertenencia a grupo criminal la competencia debe recaer en la Audiencia Nacional y no en el tribunal con sede en Pontevedra.
También solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas, que consideran que fueron "prospectivas" en el caso de varios de los acusados y que no estaban justificadas. También pusieron en duda la validez de los registros practicados, solicitando la nulidad de la mayoría de las pruebas que se presentan.
De hecho, en en el caso precisamente de J. M. F. M., su letrado denunció que el registro comenzó sin la presencia, durante más de dos horas, de la secretaria judicial. "Fue un registro caótico", aseguró, por lo que pide que se anulen las pruebas obtenidas del mismo. Este y otros letrados también denunciaron que se quebró la cadena de custodia de las drogas halladas durante estas inspecciones en los domicilios de los acusados "hasta el punto que la secretaria judicial, desde el minuto cero, no sabía qué es lo que se ha hallado" en cada uno de los domicilios registrados.
El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, rechazó todas y cada una de las cuestiones planteadas por los abogados, asegurando que las actuaciones se ajustaron a la legalidad.
Continuará en marzo
Escuchadas estas cuestiones previas, la Audiencia acordó retomar el juicio el próximo mes de marzo y espera que pueda hacerlo con una resolución previa sobre algunas de las cuestiones que ya plantearon las defensas en el día de ayer. Aún así, aquellas más complejas o que puedan estar relacionadas con la prueba que se va a exponer en el juicio podrían ser resueltas en sentencia.
Cabe recordar que la Fiscalía de Pontevedra pide penas que suman más de 60 años de prisión para los siete acusados en este proceso judicial. Solicita condenas que van desde los cuatro años y medio a los 15 años dependiendo del acusado.
Según el escrito de acusación pública, los siete implicados se dedicaban al tráfico de estupefacientes y les imputa los delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal. A varios de ellos también les procesa por tenencia de armas. Participaban, supuestamente, en una organización que se dedicaba al tráfico de cocaína y heroína en el sur de la provincia, concretamente, con una de sus bases de operaciones en el municipio de Oia.
