La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dejó ayer visto para sentencia el juicio contra M.M.C., un empresario acusado de gestionar la introducción de 22 kilos de cocaína a través de un contenedor que llegó al Puerto de Marín en el año 2018, quien ha defendido su inocencia.
En la última sesión del juicio la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y mantuvo su petición de nueve años de cárcel al considerar que el acusado es autor de un delito contra la salud pública. También solicita que se le imponga una multa de 900.000 euros.
Mientras el Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para la condena de este empresario, la defensa tiene claro que la sentencia que se debe dictar es absolutoria.
El abogado destacó que, a pesar de tener noticias de la llegada de este contenedor envenenado una semana antes de que arrivase a Marín, no se realizaron investigaciones en torno al empresario, ni se organizó una entrega controlada para contar con un material probatorio más contundente. Además, no es el acusado quien elige siquiera el destino del contenedor en el que iba oculto la droga, sino que iba a llevarlo al punto que le indicó el comprador de la mercanía legal (cemento-cola) y es otra empresa ajena al investigado la que controla el container y no lo libera hasta que se descubre la droga. Cree que no hay prueba de que la cocaína fuera para su cliente y ni siquiera que fuera él quien iba a aperturar un contenedor que llegó a tener Valencia, y no Marín, como destino.
