"Un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado" inicialmente. Esto es lo que el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra (al igual que la Fiscalía) concluye que idearon las ocho personas que continúan investigadas en la única pieza separada sigue abierta en la ciudad del Lérez de la conocida como Operación Patos. Ocho investigados entre los que se encuentran los responsables de la empresa Eiriña, el expresidente de la Diputación con el PP, Rafael Louzán, así como el director de infraestructuras del ente provincial por aquel entonces, en el año 2013.
Un auto judicial dictado el pasado 18 de septiembre, y al que ha tenido acceso FARO, transforma las diligencias previas de investigación abiertas por el juzgado en un procedimiento abreviado, ordenando continuar el proceso judicial contra ocho de los nueve investigados (sobresee las actuaciones contra la exdiputada Begoña Estévez, como ya trascendió esta semana) e invita a la Fiscalía a formular escrito de acusación si lo considera oportuno.
En dicho auto, el juzgado llega a la conclusión de que existen indicios de delito (en la cabecera se habla de una posible prevaricación administrativa) y señala como "hechos punibles" una serie de presuntas maniobras entre los responsables de la empresa Eiriña, el entonces presidente de la Diputación, el popular Louzán Abal, la alcaldesa de Moraña; Luisa Piñeiro, y varios empresarios y cargos de la institución (como el entonces director de infraestructuras) para abonar 86.829 euros que la empresa reclamaba por unas obras ejecutadas a mayores en el campo de futbol. Mejoras que solicitó el Concello de Moraña a la Diputación.
El auto indica que a través de una "subvención discrecional del presidente de la Diputación", Rafael Louzán, en diciembre de 2011 se firmó un convenio de colaboración entre el ente provincial y el Concello de Moraña mediante el cual se ejecutó el proyecto para la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol "O Buelo" de Moraña y la construcción de una edificación anexa. Se trata de un proyecto que se adjudicó a la empresa Eiriña y que esta ejecutó, incluyendo un modificado que se aprobó en junta de gobierno de la Diputación el 6 de septiembre de 2013. Una modificación "sin coste adicional sobre el presupuesto inicial", como así se rubricó por el entonces director de Infraestructuras, Manuel Ángel Juanatey; y por el representante de Eiriña, Jaime Alvariñas, ambos investigados en la causa.
De hecho, en la junta de gobierno de la Diputación del 30 de octubre de 2013 se aprobó el reconocimiento de pago de una última certificación (la número 11) que correspondía a este modificado y en la que se hacía constar que no quedaba por ejecutar obra alguna.
Según el auto judicial, "como la empresa Eiriña había realizado obras no contratadas y fuera del proyecto aprobado", surgió "la reclamación por parte de dicha empresa para que le fuesen abonadas". Fue así como se presentó por parte de la empresa una certificación nueva, la número 12, que "venía coincidiendo con la 11, pero aumentando algunas partidas" por importe de 86.816 y que es la cantidad que se calcula que costaron esas obras a mayores.
No obstante, se trataba de una obra ejecutada mediante una subvención, por lo que la funcionaria de la Diputación encargada de velar por la tramitación de subvenciones a los ayuntamientos insistía en que era ilegal rebasar el importe de la subvención concedida, lo que hizo ver a los investigados en el verano de 2013 que previsiblemente no se iba a poder abonar ese "incremento de la obra realizado voluntariamente (es decir, al margen del proyecto aprobado)", según dice el juzgado.
Es por ello que, para que Eiriña cobrase esta cantidad, el juzgado cree que "se ideó este sistema artificioso" en el que el presidente de la Diputación, Rafael Louzán; el director de infraestructuras de la misma, Manuel Juanatey; el representante de Eiriña, Jaime Alvariñas; el administrador de la empresa, Enrique Alonso; la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro; y un arquitecto que firmó el nuevo proyecto supuestamente ejecutaron un "plan" que consistió en que la alcaldesa solicitase a la Diputación una nueva subvención para "melloras en vestuario e graderío do campo de fútbol de O Buelo". Una petición que iba acompañada del proyecto técnico del arquitecto investigado y en el que se "hacía referencia a las obras que, al menos parcialmente, ya habian sido realizadas".En junta de gobierno presidida por Louzán se concedió esa subvención. El juzgado señala que "con simulación aparente" de aplicar la ley de contratos públicos se orquestó un concurso para adjudicar la obra a la empresa Eiriña y para ello se invitó a presentarse en el concurso a otras dos empresas, Canalizaciones y Construcciones Salnés y E. C. Casas. Una invitación que, según el auto, era "mera apariencia, sin propósito serio de valorar sus proposiciones" y "con el consentimiento de sus administradores", que son los dos empresarios (uno de Pontevedra y otro de O Salnés), investigados en la causa.
Fue así como, supuestamente, Eiriña se adjudicó esta obra que ya se había ejecutado (al menos parcialmente) y el 18 de diciembre de 2013 se reconoció por parte de la Diputación la obligación de pago de esta cantidad en favor de la citada empresa.
Señala el juzgado que, aunque la decisión administrativa se conceder la subvención de 86.829 euros se tomó en junta de gobierno presidida por Louzán, el juzgado cree que "la misma no hubiera sido posible sin la solicitud de subvención" que cursó la alcaldesa de Moraña.
Influencia
El auto también señala que el proceso debe continuar para determinar si los responsables de Eiriña consiguieron convencer a cargos de la Diputación para que ejerciese influencia sobre el presidente del ente, Rafael Louzán, para que les adjudicase esta subvención, sabiendo que era "la única posibilidad de obtener una compensación que no les correspondía" por el modificado en el campo de fútbol de O Buelo.
El auto judicial no es firme y contra él se puede presentar recurso de apelación que debería resolver, en su caso, la Audiencia Provincial. Si el asunto llegase finalmente a juicio, se dirimiría en un juzgado de lo Penal de la capital.
