Con Elnosa ya cerrada y parte de su plantilla trasladada a Torrelavega, las resoluciones judiciales sobre la antigua planta de Lourizán ya pierden eficacia. Aún así, el Tribunal Supremo acaba de certificar que la última prórroga otorgada por la Xunta a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la clorera no era correcta.
Lo hace al no admitir a trámite un recurso de la Xunta contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), conocida en julio de 2018, que estimaba el recurso contencioso administrativo presentado por el Concello de Pontevedra contra aquella ampliación del plazo, desde agosto de 2016 a diciembre de 2017, una decisión que se adoptó sin someter este trámite a información pública.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG dictó que era necesario someter esta resolución a información pública, para dar audiencia tanto al Concello de Pontevedra como a cualquier otra entidad o ciudadano que quiera recurrir dicha modificación, por lo que retrotrajo el expediente a la situación anterior a esta modificación.
La decisión del Supremo de no admitir a trámite el recurso de casación de la Xunta convierte en firme aquella sentencia, si bien, a día de hoy, ya no tiene efectos prácticos.
