Era una medida que se barajaba desde hace tiempo y finalmente la Diputación ha decidido acudir a ella. Después de año y medio de intercambio de cartas y reproches públicos, el gobierno provincial ha decidido dar un paso más para exigir a la Xunta que rehabilite el pazo de Lourizán y opta por acudir a los tribunales. La entidad que preside Carmela Silva, titular del pazo, deja de lado la vía política y emprende acciones legales "ante la inacción" del gobierno gallego, encargado del mantenimiento del emblemático complejo que fue propiedad de Montero Ríos.
Este asunto es objeto de polémica entre ambas instituciones desde hace meses, mientras se agrava el deterioro del palacete, que ya presenta un estado "ruinoso", con desprendimientos, humedades, desplomes y otros graves desperfectos, además de ser objeto de actos vandálicos, sin que nadie mueva un dedo para impedirlo.
La Diputación, aunque es la titular, subraya que desde enero de 1991, la Xunta es la usuaria del complejo y está obligada por convenio a realizar su total conservación, hasta ahora prácticamente nulo en el edificio principal.
Ante esta situación, el gobierno provincial ha dado la "orden de iniciar las acciones legales necesarias para instar a la Xunta el cumplimiento de la obligación asumida en el convenio de conservación del Pazo de Lourizán". Así consta en una reciente resolución por la que se acuerda la contratación del despacho de abogados J&A Garrigues para que dirija este recurso.
Requerimiento previo
En concreto se trata de un contrato de 18.148,79 euros (incluido un bono de 1.208,79 euros si el recurso tiene éxito) para llevar a cabo todo el proceso de "asesoramiento y defensa jurídica" para forzar a la Xunta a realizar esa urgente rehabilitación. Así, este despacho deberá preparar "un escrito de requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa que formule la Diputación ante la Xunta para requerirle que cumpla con su obligación por convenio". El segundo paso, de ser desoído ese primer intento, será formular el recurso y J&A Garrigues se encargará de la dirección letrada" del caso. Esta contratación se decidió el pasado viernes, pero aún debe formalizarse.
La resolución por la que la Diputación acuerda acudir a la vía judicial recuerda que "el 22 de enero de 1991 la Consellería de Agricultura y la Diputación suscribieron un convenio de colaboración en virtud del que esta última administración cedía a la Xunta la posesión, uso y disfrute de la finca de Lourizán, así como de todos los edificios, instalaciones y plantaciones existentes con la finalidad de colaborar en materia de investigación agraria orientada al sector forestal".
Una de las cláusulas de aquel convenio establecía la obligación autonómica de "efectuar las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la zona noble del conjunto, respetando su carácter artístico y monumental", una conservación que no se ha cumplido.
Hasta enero de 2021
El acuerdo de cesión de las instalaciones se firmó por un periodo inicial de veinte años, que concluye en enero de 2021, aunque puede ser prorrogado, una opción que debe comenzar a explorarse ahora, a menos de dos años de su conclusión. En noviembre de 2017, la Diputación envió una carta al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda en la que se "instó formalmente a la administración autonómica a ejecutar las obras de conservación en el pazo, ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones".
Un mes después se repitió el aviso ante el secretario xeral de Cultura. La respuesta de la Xunta fue plantear que fuera Ence la que se encargara de esa rehabilitación a cambio de su cesión para un centro de investigación y desarrollo forestal, una opción que rechazó de plazo la Diputación.
El pasado 4 de marzo, el pleno provincial aprobó una propuesta socialista para reclamar de nuevo al ejecutivo autonómico esa rehabilitación, con el añadido de "iniciar de manera inmediata el estudio de las medidas legales destinadas a velar por la protección del patrimonio provincial ante la inacción de la Xunta".
Esas "medidas legales" se confirman ahora con la contratación del despacho de J&A Garrigues, mediante un contrato menor que tienen una duración inicial de un año.
