Han pasado más de trece años desde que, en 2005, la Axencia de Protección la Legalidade Urbanística (APLU) ordenara el derribo del antiguo club Ciros, en plena N-550 a su paso por Paredes, en Vilaboa, uno de los locales de alterne más conocidos de la comarca en su época. Desde hace años permanece cerrado y abandonado y pronto será demolido. La APLU convocó un concurso hace unos meses para contratar esas obras y más de una veintena de empresas ha presentado sus ofertas para su ejecución.

E. C. Casas, Copcisa, Nexia o Sergonsa son algunas de las 23 constructoras interesadas por un proyecto que ronda los 300.000 euros. Ahora habrá que analizar las ofertas y aguardar a que tres de las compañías subsanen diversas deficiencias en su documentación.

La APLU tramita esta compleja demolición al menos desde 2015, cuando se confirmó definitivamente una orden que acumulaba una década de pleitos en los tribunales para echar abajo lo que oficialmente consta como "bar-restaurante, pub y complejo hotelero" pero que carecía de licencia municipal y de autorización autonómica.

Desde la primera orden administrativa, de octubre de 2005, el futuro de la edificación del antiguo Club Ciros estuvo en manos de los tribunales, ya que sus propietarios trataron de impedir esa demolición, no solo con una sucesión de recursos judiciales sino también con la búsqueda de otras alternativas de uso del edificio para no tener que pagar la demolición.

El club de alterne lleva ya más de cinco años cerrado como tal y, por tanto, acumulando abandono y deterioro. Una de esas opciones fue ofrecer su uso al Concello de Vilaboa como centro de día para personas de la tercera edad. El gobierno local llegó a estudiar la viabilidad de esa propuesta, pero la existencia de un expediente urbanístico del calibre del que afectaba al Ciros impidió cualquier aprovechamiento futuro del inmueble.

En octubre de 2005 el director xeral de Urbanismo firmó la resolución que declaraba "ilegales e ilegalizables las obras de construcción de una edificación dedicada a uso hotelero" en Paredes, así como "las obras y usos implantados por la entidad mercantil sin la preceptiva autorización autonómica y licencia urbanística municipal".

Aquella resolución ordenaba su demolición y prohibía "definitivamente los usos a los que diesen lugar, ordenándose el cese inmediato de los usos y actividades de bar-restaurante, pub y complejo hotelero que se venían desarrollando en la edificación ilegal; y apercibiéndose a los interesados de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo concedido y de cese inmediato de la actividad se procedería a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas".

Llegaron a imponerse al menos seis de estas multas y en noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) parecía zanjar los pleitos judiciales al ratificar la decisión de la APLU de acometer el derribo forzoso, mediante la ejecución subsidiaria.

Después de aquella sentencia, en marzo de 2016, se contrató la redacción del proyecto de demolición, que no se aprobó hasta marzo de 2018. Fue ocho meses más tarde, en noviembre pasado, cuando se activaba definitivamente el proceso para contratar las obras.