El Sindicato Unificado de Policía (SUP) alertó ayer en Pontevedra de la "situación crítica" que atraviesa la Unidade de Vixiancia en Edificios Xudiciais (UVEX). De hecho, aseguran que la falta de efectivos pone en riesgo la continuidad del servicio, por lo que ha reclamado a la Dirección General de la Policía la cobertura de los puestos de estas unidades, que deberían contar con un total de 81 efectivos pero que sólo cubre 33, "lo que representa un déficit de personal del 60 por ciento". En Pontevedra solo tres policías se encargan de este servicio a apenas unos meses de estrenar un segundo edificio judicial.
El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, aseguró ayer que proceden a realizar esta denuncia pública después de múltiples intentos de lograr solventar la situación por la vía administrativa, todos ellos sin resultados. Afirmó que esta falta de agentes de las fuerzas públicas en algunas sedes judiciales "repercute en la seguridad" de estos edificios, por lo que la Xunta ha tenido que contratar seguridad privada "con un coste adicional que supone para las arcas públicas", que es, de acuerdo a sus cifras, "cinco veces superior". De hecho, cifró este gasto en 1,2 millones de euros.
Según explicó, el pasado 28 de diciembre se firmó el convenio entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para el funcionamiento de las UVEX. No obstante, añade que a pesar de que el Gobierno gallego ha ingresado en el Tesoro Público la cantidad correspondiente de 1,5 millones de euros, la Dirección General de Policía no ha estado abonando sus nóminas. "Es una situación totalmente denigrante", añadió Roberto González.
Este servicio de vigilancia y protección en las 36 sedes judiciales gallegas lo prestan los agentes en segunda actividad: 81 policías y 125 guardias civiles. En el caso de los agentes de la Policía Nacional, por un problema burocrático, llevan un año sin cobrar un plus mensual de 400 euros por este servicio, lo que "representa un absoluto desprecio a unos funcionarios que superan los 60 años de edad" y a sus muchos años de servicio.
El SUP urge por ello la convocatoria de las plazas y a que estos agentes reciban el dinero que se les adeuda. Para ello, anunciaron medidas de presión y se señala que estos agentes dejarán de prestar este servicio durante los fines de semana a partir del próximo 1 de marzo si no se adoptan medidas.
