Los efectos de la larga huelga de los funcionarios de Justicia, salpicada también con algunas jornadas de paro y protestas de fiscales, letrados y magistrados; parece que se están dejando notar en los juzgados de la ciudad que ven como al inicio del último trimestre del presente año presentaban un volumen de asuntos en trámite mucho mayor que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Concretamente, los juzgados de primera instancia e instrucción que atienden únicamente al partido judicial con cabecera en Pontevedra tenían a 1 de octubre mil asuntos más pendientes de resolver que en las mismas fechas de 2017. Concretamente, si entonces se cerraban los primeros nueve meses con 3.451 casos a la espera de una resolución, a finales de este ejercicio ascienden a 4.495.
Esto va a suponer que los juzgados de la ciudad, al igual que los del resto de Galicia, continuarán apretando a partir del próximo mes de enero con el plan de recuperación de trabajo acordado con la Xunta para intentar reducir estos niveles de pendencia.
Actualmente, según los datos hechos públicos por el Poder Judicial, en Pontevedra la tasa de pendencia de los juzgados de primera instancia e instrucción es de un 2,11, una cifra que se halla al dividir el número de asuntos pendientes y los resueltos en ese periodo. Si se multiplica por doce, permite averiguar el tiempo que se necesitaría, con el mismo ritmo de resolución y sin ningún ingreso nuevo, para acacar con los asuntos pendientes: En el caso de los juzgados de Pontevedra se precisarían unos 25 meses para acabar con todos los casos en trámite. La cifra está por debajo de la media del conjunto de la provincia, en donde deberían trabajar 29 meses sin asumir ningún asunto más para poner el contador a cero.
Más carga de trabajo en civil
En Pontevedra hay un total de ocho juzgados que dan servicio en primera instancia a la población del partido judicial en el orden penal y civil. Este último cuenta con un total de cinco órganos, uno de ellos especializado en asuntos de familia. Es éste el que soporta una mayor carga de trabajo, dado que mientras las otras salas asumieron una media de 192 expedientes en el tercer trimestre, el juzgado de familia superó ampliamente esta cifra hasta los 324. Es por ello en cierto modo lógico, que también sea el que presente un mayor número de asuntos en trámite, 944, frente a los 575 de media del resto de las salas de primera instancia. Además, el de familia es un juzgado que resuelve más de lo que ingresa, pero con una elevada carga de asuntos nuevos.
En su conjunto, el orden civil sumaba 3.283 asuntos pendientes de resolver a principios de octubre, lo que supone 621 más que en 2017 y un 18,9% más de expedientes en trámite que hace un año.
En cuanto al orden penal, los tres juzgados de instrucción cerraron el tercer trimestre con 1.212 asuntos sin resolver, es decir, 433 más que en 2017, lo que supone un aumento del 34%.
Si hacemos caso a la tasa de pendencia que calcula el Consejo General del Poder Judicial, el atasco sería menor en el orden Penal que en el Civil. En el primero harían falta 14 meses de trabajo para ponerse al día y en el segundo 35 meses.
En cuanto a las sentencias, los juzgados de primera instancia tenían 4.407 sentencias pendientes de ejecución en octubre (303 más que en 2017) y en instrucción eran 224 (diez menos).
