Propietarios de alojamientos de alquiler vacacional están recibiendo en los últimos días notificaciones sancionadoras de la Axencia de Turismo de Galicia por alquilar habitaciones en viviendas en las que residen. El expediente sancionador recoge que los establecimientos en cuestión no están registrados y clasificados conforme a la normativa gallega, lo que a su entender, constituye "intrusismo profesional que implica una infracción administrativa tipificada en el artículo 110 de la ley 7/2011".
El criterio que los inspectores de Turismo están aplicando en estas situaciones choca frontalmente con lo expresado el pasado verano por la propia Axencia de Turismo de Galicia que a pesar de prohibir el alquiler de habitaciones en el decreto regulador de esta actividad, anunciaba que la permitiría en los casos en los que el propietario viva en el inmueble.
El anuncio de la Xunta llegaba después de que una de las principales plataformas de economía colaborativa en materia de alquiler vacacional plantease a la Xunta cómo actuar con estos alquileres, también denominados home sharing (hogar compartido). Los departamentos jurídicos de la Xunta emitían entonces un comunicado en el que aseguraban que el alquiler en régimen compartido con los propietarios no entra en el ámbito y competencias de Turismo, ya que se rige por el derecho privado o normativa específica que le corresponde. Aseguraban que no se trata de una estancia turística ya que el modelo "nin ten encaixe en ningunha tipoloxía de aloxamento regulamentado nin substitúe a ningunha delas".
Este modelo de alquiler quedó por tanto fuera del decreto de viviendas turísticas por considerarse una modalidad distinta. Y este es el criterio que siguen los responsables de la Axencia de Turismo de Galicia, ratificado en los últimos días a la presidenta de Aviturga, que se ha dirigido a este departamento autonómico para consultar las razones por las que la Xunta está sancionando, con cantidades que superan los 900 euros, a quienes alquilan habitaciones en sus viviendas.
La diferencia de criterios entre políticos y técnicos preocupa a Aviturga, que desde un principio ha defendido el derecho de los propietarios al alquiler por habitaciones, una modalidad que cree que debe estar contemplada y recogida en el decreto, aprobado en mayo de 2017 pero sobre el que la Axencia de Turismo de Galicia ya tiene preparada una modificación.
La situación no es exclusiva de Pontevedra, donde varios propietarios con alojamientos ubicados en el casco histórico han recibido la visita de los inspectores de Turismo en los últimos días. De nada les sirvieron las argumentaciones jurídicas en defensa de su derecho a alquilar habitaciones en su residencia habitual, una actividad para la que han dado de alta su alojamiento en el Registro de la Xunta y cuyos ingresos declaran en la Renta anual.
Las inspecciones de la Xunta se han centrado en los últimos meses en los centros urbanos, xa que Aviturga ha recibido alertas de propietarios situados en las principales ciudades gallegas, principalmente en Pontevedra, Santiago y A Coruña.
Es precisamente en las zonas más urbanas donde el alquiler de habitaciones en una vivienda compartida es más habitual, como medio para conseguir ingresos que equilibren las economías domésticas.
