Con el objetivo de que deje de ser necesario conmemorar el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, el Colectivo Feminista de Pontevedra y otras entidades sociales de la comarca salieron un año más a las calles para demandar, de una vez por todas, una sociedad en la que no quepan estas conductas. En este 25-N se realizó en la Praza da Peregrina de Pontevedra una subasta simbólica de hombres y niños, que se ofertaron al mejor postor para matrimonio, prostitución, mano de obra barata, o cosificación en general.

El Colectivo Feminista de Pontevedra, en nombre de todas las personas que repudian el machismo, exigió en este acto a los poderes públicos que cumplan el Convenio de Estambul, abordando de forma real y no solo punitiva, sino también de protección social, la prevención y reparación del daño en todas las formas y expresiones de violencia contra las mujeres, niñas y niños.

Exigen mayor diligencia de los gobiernos y de los parlamentos en la aplicación de las 214 medidas incluidas en el Pacto de Estado en esta materia y que la acreditación extrajudicial de la situación de violencia se regule con urgencia y eficacia. Piden que los 200 millones de euros de presupuesto contra la violencia de género en 2018 se apliquen a la mejora estructural de los servicios públicos de prevención y atención, no al mantenimiento de su precariedad, o a un goteo de proyectos temporales.

Demandan la inclusión de la educación sexual y para la igualdad en todo el sistema educativo, de forma que se incida desde edades tempranas en la educación contra el machismo, los maltratos y la cultura de la violación, "tan presentes en nuestros días y fomentadas desde la producción y el consumo de pornografía y mejorar también la formación y prevención desde la sanidad y los medios de comunicación".

Entre otras medidas reclamaron también medidas para fomentar la aplicación de políticas públicas de ayuda a las mujeres maltratadas y prostituidas con el fin de insertarse en una vida social y laboral conforme a la dignidad que se merecen, donde sus derechos fundamentales estén protegidos, además de sancionar de manera contundente y disuasoria a los hombres que compran estos servicios sexuales, "considerándolos no como clientes sino como puteros", sin olvidar establecer mayores controles sobre los proxenetas y sus actividades lucrativas relacionadas con esta vulneración de los derechos humanos.

A nivel local se reclamó crear desde la Xunta de Galicia, en coordinaciones con los concellos, una verdadera red de Centros de Información á Muller (CIM), "capaz de dar un servicio integral a cada una de las gallegas, independientemente de la localidad donde residan.

"No guardaremos silencio. No miraremos para otro lado. Ni sumisas ni calladas", concluyó el manifiesto antes de asegurar que "continuaremos en nuestra lucha por la igualdad", porque eso es lo que significa ser feminista.