El Concello de Pontevedra afronta a partir de hoy la mejora de la accesibilidad en la plaza de Barcelos. Una actuación que se pone en marcha fruto de la colaboración que mantiene la concejalía de Obras con la asociación Amizade de personas con discapacidad. Una colaboración que tiene como objetivo detectar los problemas de accesibilidad con los que pueden encontrarse las personas con movilidad reducida o invidentes cuando transitan por el espacio público pontevedrés y resolverlos.
Estos trabajos, que fueron adjudicados a la empresa Ediserpo, se pondrán en marcha hoy mismo, según indicaron desde el Concello.
Las obras incluyen la elevación de los pasos de peatones (con la construcción de "lombos") que rodean la plaza y la actuación sobre aquellas aceras donde se inician los pasos de cebra para así darles continuidad. Además, se va a mejorar la iluminación y se instalará un nuevo punto de luz en frente a la fachada del colegio y en la nueva zona peatonal de la plaza. También en el paso de peatones más cercano al centro educativo.
Según explican desde la concejalía de Obras y Mobilidade, que dirige Demetrio Gómez, queda pendiente el arreglo y puesta a punto del entronque de la plaza de Barcelos con la Rúa Rouco. Esta actuación se acometerá en cuanto se ejecute la obra de reforma integral de esta calle que comunica Barcelos con Cobián Roffignac. Una actuación que ya está programada.
La plaza de Barcelos no es la única del dictamen del plan de colaboración entre Amizade y el Concello de Pontevedra que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad en toda la ciudad. Según este estudio, también se han detectado problemas que deberán ser resueltos en puntos de la avenida de Buenos Aires, en la García Camba, Sagasta, en la avenida de Vigo o en Eduardo Pondal. Según el concello, se trata de "pequeños problemas de accesibilidad" en su mayor parte desniveles de ramplas o desajustes en las alturas de las aceras.
La colaboración Amizade con las administraciones también permitió detectar problemas de accesibilidad en algunos edificios públicos, como ocurrió con las sedes del IGVS, en Montecelo y en la oficina de consumo de la Xunta en el paseo de Cervantes, problemas que transmitieron a la administración autonómica para intentar solventar esta situación.
