La regularización del Catastro, al margen de los 60 euros por inmueble que hay que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.
Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se hace notar con más incidencia en el bolsillo de los vecinos del rural ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.
El ministerio niega que se trate de una revisión y habla, por contra de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro".
