Por cada siete trabajadores en activo hay tres pensionistas en el municipio de Pontevedra. Esto deja una relación de 2,3 a uno. No es de las más preocupantes de Galicia, ya que entre las siete grandes ciudades las peores cifras las ofrecen Ferrol, A Coruña y Ourense, donde ni siquiera llegan a dos trabajadores por pensionista. A la par que la Boa Vila están Lugo, con 2,37, y Santiago, con 2,61.
En el caso de Pontevedra se cuentan alrededor de 15.000 pensionistas y 35.200 trabajadores de más de 16 años ocupados. Son más mujeres pensionistas que hombres, 7.585 frente a 7.348. Ellas no llegan a los 900 euros, mientras que el importe medio de ellos es de cerca de 1.200.
Sin embargo estas no son las cifras que preocupan al Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas, Modepen, que ayer ofreció en Pontevedra una rueda de prensa para anunciar el nuevo calendario de sus movilizaciones antes de que comience el invierno.
El colectivo recuerda que son miles las viudas que tienen que vivir con una media de 550 euros al mes, así como los pensionistas que tienen unos ingresos por debajo del umbral de pobreza. "El 62 por ciento viven en este límite", se lamentan.
En los últimos seis años el número de pensionistas creció en 1.544 personas en el concello de Pontevedra, es decir, un 11,53 por ciento. También aumentó desde entonces el importe medio que cobraban, al pasar de 877,44 euros a los 1.024,25 de media actuales, un 16,77 por ciento más.
En este sentido, Modepen recuerda que un 25 por ciento de los hogares dependen de las aportaciones de los pensionistas para que los hijos y nietos puedan llegar a fin de mes.
"Sobre el sistema público de pensiones está instalada una bomba de relojería. desde 1995 se hicieron nuevas leyes que perjudicaron al sistema. La precariedad del trabajo, con el 99 por ciento de contratos de tipo temporal, hace que la contribución al sistema de pensiones sea ridículo", explica Guillermo Fontán, presidente de Modepen Galicia.
Por ello, anima a salir a la calle porque "los trabajadores siempre conseguimos cosas a base de movilizaciones".
"Cambian las leyes siempre que les apetece y están esperando a que nos quedemos quietos mientras se legisla para los grandes grupos de poder: bancos, aseguradoras...", añade.
Modepen exige una pensión mínima de 1.084 euros "que garantice una vida digna de acuerdo con los criterios de la Carta Social Europea". Para ello, insiste en que hay que revalorizar de forma automática las pensiones en relación al IPC real anual.
"Las pensiones son un derecho constitucional que debe ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado", manifesta el movimiento que también defiende que se restableczca la jubilación ordinaria a los 65 años y los 35 años de cotización, así como la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados.
Las movilizaciones convocadas por Modepen comenzarán el próximo 17 de septiembre después de la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, que tendrá lugar mañana miércoles.
En la comarca de Pontevedra se celebrará una en Marín, a las 12 horas ante el Concello, a la que están invitados los vecinos de los municipios cercanos, entre ellos el capitalino. Aunque tal y como avanza Modepen, podría finalmente organizarse una para la Boa Vila, que en anteriores ocasiones logró concentrar a un número importante de ciudadanos.
El hecho de que por ahora se haya elegido Marín se debe a que desde Modepen se quiere reconocer el esfuerzo realizado por los miembros del colectivo también en las localidades más pequeñas.
A nivel estatal
Por ahora son una docena de concentraciones las que están programadas en Galicia:Vilagarcía, A Coruña, Ferrol, Lugo, Noia, Rianxo, Vigo y Porriño. A nivel nacional, más de 80 en toda España.
No será la única acción reivindicativa. Los próximos 28 y 29 de septiembre en Santiago de Compostela tendrán lugar las jornadas "Galicia, Estado español e Unión Europea", con ponentes de varios países y expertos en economía social.
"Estamos contentos con el incremento del 3 por ciento y del 1,6, pero queremos recordar que el sistema es sostenible y que hay que darles medidas de ingresos", afirma Victoria Portas, de la Coordinadora Estatal.
