La familia Romay Graña tiene en su poder una resolución del Concello en la que se deja entrever que el camino en cuestión es una propiedad privada.

Ante una petición de un particular al gobierno local para que se procediese a arreglar la Travesía do Castelo, el ingeniero municipal y la comisión de urbanismo emitieron un documento en virtud de su acuerdo en el que se destacaba: "Como circunstancia previa a cualquier actuación en el camino, deberá contarse con la cesión expresa de los propietarios de los terrenos colindantes al objeto de dar servicio de entrada y salida al camino".

Por aquel entonces, el gobierno lo dirigía el PP bajo la batuta de Amador Couselo. Sin embargo, el propietario Miguel Romay ya denunció en FARO el pasado mes de junio que Sobral conocía perfectamente la situación del camino: "Luciano Sobral trabajó como transportista y él sabía perfectamente que ese camino es privado. Fue un sendero que, en sus tiempos, habilitó mi padre para dar servicio a las cuadras. Y él lo recorrió alguna vez con el camión, como nos reconoció".

Al margen de las sentencias judiciales, la realidad también da un argumento de peso al propietario, pues en el desvío de la carretera hay un poste con los vestigios de las visagras de una antigua verja que cerraba el paso al personal no autorizado.