Una mención aparte merece la situación de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, ubicados en unos locales de la calle Germán Adrio desde hace más de diez años debido a la falta de espacio en el actual edificio judicial. Son un total de 24 empleados públicos de la administración de Justicia que desempeñan su trabajo en estas dependencias en las que, por motivos de consulta de expedientes o asistencia a juicios, entran docenas de personas cada día ajenas a la administración de Justicia.

Sin embargo, en este edificio "ni hay ni nunca hubo una sola persona, ni policía ni vigilante privado, que se dedicase a realizar funciones de vigilancia, de control de accesos y de seguridad".

Desde STAJ señalan que "los compañeros que trabajan allí se sienten desamparados por la Xunta y abandonados por una administración a la que le importa poco o nada su seguridad personal y su integridad física". Constan escritos de protesta en este sentido de sindicatos, funcionarios, el decanato e incluso de la junta de jueces de Pontevedra.

Detectores de metales

Por último, la queja también se refiere a la inexistencia de arcos de seguridad o detectores de metales en estos locales, así como en la entrada al juzgado de guardia en A Parda. Actualmente tan solo hay este tipo de escáner en el acceso a la Audiencia Provincial de Pontevedra así como en la puerta principal de A Parda y se pide que se amplíe el número de dispositivos.