Elnosa podrá continuar con su actividad. Al menos algunos meses más, hasta que se resuelva el actual expediente abierto sobre la caducidad de su concesión. Así lo confirmó el Gobierno del Estado en la tarde de ayer, por medio de la subdelegada provincial, Maica Larriba.
Pese a que mañana domingo 29 de julio caduca la actual concesión de la fábrica para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre en Lourizán, la clorera podrá seguir operando en sus actuales instalaciones porque el expediente de actividad sigue pendiente del dictamen del Consejo de Estado.
Después de los informes previos del Ministerio de Fomento y de la Comisión de Obras Públicas, este último órgano tiene de margen hasta octubre para emitir el último informe preceptivo antes del pronunciamiento final, que dictará la Dirección General de Costas a instancias del Ministerio. Hasta que ese dictamen no se produzca, la clorera podrá mantener su actividad.
En este sentido, el presidente del comité de empresa, Avelino García, calcula que hasta finales de agosto no habrá nuevos contactos con la empresa y hasta entonces seguirán en sus puestos. Esos contactos servirán para abordar los planes de CUF en Lourizán o la posible recolocación de personal en otras plantas, en especial en Torrelavega (Cantabria). García admite que a día de hoy no hay avance alguno en ninguno de esos aspectos.
El Consejo de Estado es el organismo que tiene que dictar el último informe y "la idea es que lo haga a la mayor brevedad", según Larriba. No obstante, la subdelegada puntualizó: "En ningún caso el hecho de que Elnosa pueda seguir unos días o unas semanas le atribuye ningún derecho ni privilegio y no significa un posicionamiento por parte del Gobierno, en absoluto, a favor de su permanencia". "Nada parece indicar que la resolución sea favorable a Elnosa, pero hay que esperar a que concluya el procedimiento" adelantó la subdelegada del Gobierno.
De este modo, Larriba destacó que los informes emitidos por el Ministerio son favorables a la caducidad y por lo tanto "lo lógico es pensar que Elnosa se irá de la actual ubicación que tiene en la Ría de Pontevedra", una circunstancia que conocen la propia empresa y la Xunta de Galicia.
Retraso
De hecho, la subdelegada advirtió que el gobierno autonómico pidió que "se retrasara en la medida de lo posible la declaración de caducidad". "Esta es una de las razones del retraso de este expediente", continuó Larriba, que apuntó: "Habría que preguntar a la Xunta por qué pidió con tanta insistencia esto".
El inicio del expediente de caducidad de la concesión se solapa, por tanto, con la solicitud de prórroga por parte de la empresa, que está suspendida. Aunque Elnosa podrá presentar alegaciones si se dictamina el cese de su actividad, esta resolución dejaría sin efecto la posible prórroga de la concesión.
Este expediente de caducidad fue puesto en marcha por el Estado en base a una sentencia de la Audiencia Nacional. En este fallo judicial, fechado en el mes de julio de 2014, el tribunal atendió un recurso de la plataforma vecinal 'Salvemos Pontevedra' y ordenó al Estado que incoase el expediente de caducidad de la concesión de Costas.
Según explicó la subdelegada, la razón de esta condena al Estado es la transmisión de la concesión por parte de Elnosa "sin autorización del Ministerio" al cambiar su paquete accionarial en 2012, año en el que la multinacional portuguesa CUF adquirió Elnosa. "Lo cual equivale en la práctica a la transmisión de la concesión y eso incumple flagrantemente la Ley de Costas", apuntó.
La Audiencia Nacional resuelve que la empresa "ha incumplido la legislación" y obliga a la Administración del Estado a incoar un expediente de caducidad de la concesión, así como a "la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones, que no cuenten con concesión administrativa".
La subdelegada destacó que el Gobierno está trabajando en resolver "cuanto antes" el expediente de Elnosa "pero se ha encontrado con un plazo de tiempo corto para sacarlo adelante".
En esta línea, insistió en que "se están dando los pasos administrativos" pero se necesitan de una serie de informes reglamentarios que "pueden retrasar la resolución un cierto tiempo".
Finalmente Maica Larriba insistió "en la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de resolver con la máxima celeridad este procedimiento" atendiendo a los informes emitidos por los órganos competentes.
"Si Elnosa cierra es por su propia causa, porque ha incumplido la ley, la responsabilidad es total y absolutamente de la propia empresa", ha dicho la subdelegada del Gobierno. "A quien hay que pedirle cuentas, aquellos que quieran pedirle cuentas, es a la empresa por haber incumplido la ley", concluyó.
