El Concello de Pontevedra asesorará a todos los vecinos que quieran reclamar la nueva tasa del Catastro sobre los galpones agrícolas, que lleva aparejado un cobro de 60 euros por la "inspección" de la propiedad. Los vecinos del rural han comenzado a recibir cartas que anuncia este cobro.
El gobierno local de Pontevedra, como ya manifestó en el momento en que la Dirección General del Castro anunció esta "regularización" del tributo, no está de acuerdo ni con la nueva tasa a las "construcciones auxiliares de carácter agrario", ni con la nueva modificación de la ordenanza, que añade 60 euros en concepto de tramitación. Por eso en los próximos días pondrá a disposición de todos los afectados, en una instalación municipal, un servicio de asesoría para tramitar los recursos.
Sin disponer de cifras oficiales, el gobierno local estima que alrededor de 6.000 vecinos del rural podrían estar afectados por esta modificación, teniendo en cuenta que hay 8.000 viviendas unifamiliares en las parroquias de Pontevedra.
En algunos casos cada propietario recibirá varias cartas de cobro, si tiene varias parcelas con construcciones agrícolas y por lo tanto distintas unidades catastrales sobre las que aplicar la tasa.
Para el gobierno local esta nueva tasa, que teóricamente trata de destapar "edificaciones ocultas", supone "cargarse la estructura rural tradicional" por cuanto grava casetas y cobertizos agrícolas que nunca han dejado de serlo, al margen de que en algunos casos se detecte algún fraude al convertir estas supuestas naves en edificios habitables.
El portavoz del gobierno local y concejal de Economía, Raimundo González Carballo, añade además que la nueva tasa tiene una "repercusión mínima" para las arcas del Concello y, por el contrario, genera un conflicto para los afectados.
En todo caso el gobierno local inició ya ayer el procedimiento para la contratación de una empresa especializada, para ayudar a los pontevedreses a presentar las alegaciones a la revisión que el Catastro está haciendo para dar de alta estas construcciones auxiliares (galpones, garajes, piscinas, etc.), que hasta ahora no estaban sujetas a este régimen.
Catastro inició esta revisión en todos los ayuntamientos de Galicia hace cinco años, a raíz de modificar la legislación e incluir en el padrón de construcciones todas las auxiliares del rural, excepto los hórreos.
Las primeras notificaciones de Catastro están llegando a los vecinos de Pontevedra en estos días. El Concello de Pontevedra está en contra de esta actualización dado que supone ir contra la estructura tradicional del rural gallego.
Por esta revisión, el Catastro cobrará a cada contribuyente revisado 60 euros de tasa, además de la cuantía que le corresponda por dar de alta estas construcciones auxiliares (en algunos casos, incluso, con recargo al ser retroactiva).
El portavoz del gobierno local y concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González, instó a los pontevedreses a que soliciten toda la información en Catastro, y que si después quieren presentar alegaciones a la propuesta, se dirijan al Concello, que dispondrá de una empresa especializada para ayudarles.
Aseguró que en esta semana se rematará el proceso de contratación de la empresa que se hará cargo del asesoramiento, y también se decidirá la qué lugar se pueden dirigir y en qué horarios. Probablemente, añadió, la oficina de asesoramiento se instalará en el Pazo da Cultura.
