Una adaptación exprés del planeamiento municipal a la ley de Costas, en su modificación del año 2013, permitió a los vecinos de Marín eludir los expedientes sancionadores y órdenes de derribo, motivadas igualmente por las denuncias de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística. En este municipio se hizo una interpretación de los núcleos del litoral que permitió a los afectados solventar el problema. Una interpretación que ha sido mucho más restrictiva en otros núcleos del litoral de la ría.

Marín, que aprobó su PXOM recientemente, logró sacar adelante sus propuestas en zonas como Aguete Sur, Loira, Teoira y Casás. La reforma de la Ley de Costas llegó cuando el Concello tenía los deberes hechos y estos permitió que la regularización de sus núcleos de población fuese relativamente rápida.

Al margen de Marín, que solucionó el problema, a los otros concellos de la comarca les queda la salida de acudir a los tribunales para recurrir las sentencias en contra, o elaborar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un recorrido más largo y complejo. Son los dos procedimientos que le quedan a los municipios de la comarca, especialmente de la ría, para tratar de regularizar los núcleos de litoral amenazadas desde 1988 por la Ley de Costas, que dejó bajo sus condiciones urbanísticas a 218 localidades a pie de mar en Galicia, al menos una treintena de ellas en los municipios de Pontevedra, Poio, Sanxenxo y Vilaboa.

Si no se demuestra que esos núcleos ya existían plenamente consolidados antes de aquel año, no son admitidos, de modo que las casas situadas a menos de 100 metros del mar apenas podrían ejecutar obras de mantenimiento. Para demostrar la existencia de un núcleo de población, hay que acreditar que tiene servicios como agua, luz eléctrica, acceso rodado y otras cuestiones que convierten a un grupo de viviendas en un núcleo de población.

Reforma de 2013

Con la reforma de la Ley de Costas, en 2013, se abrió una ventana excepcional para pedir que esos núcleos quedaran al margen de la norma, mediante la reducción de la franja de afección de 100 a 20 metros. Pero esa ventana ya se ha cerrado y los resultados son escasos.

Poio y Sanxenxo ya acudieron a la vía judicial. Vilaboa aún confía en aprobar un Plan de Urbanismo que tramita desde 2002 y que sirva para resolver este problema.