En una notificación entregada al propietario de la vivienda el pasado 22 de mayo, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio asevera que en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año 2009, "la Administración deberá proceder a la demolición de lo construido ilegalmente".

Una obligación que -como recuerdan los afectados de Vilaboa-, no se ha cumplido ni se ha impuesto plazo alguno en construcciones ilegales mucho más grandes, como los rellenos del puerto de Marín, numerosos edificios de Vigo, o urbanizaciones de chalés en varios puntos de Galicia.

Esta notificación de la Xunta recuerda también al propietario afectado que "los trabajos de demolición han sido adjudicados a la empresa seleccionada el 22 de enero de 2018, por lo que esta administración adquirió obligaciones contractuales con terceros, que está obligada a cumplir".

El proyecto de demolición de la vivienda fue redactado en septiembre de 2012.

Confía en una solución

Durante esta quincena Enrique López Patricio ha estado vaciando de enseres su vivienda, ante la posibilidad de que la orden pueda ejecutarse, si bien se niega a derribar la casa por sus propios medios, en la confianza de que el problema aún pueda solucionarse.

Mientras, se ha instalado en una autocaravana, estacionada ante la entrada de su finca. Allí, con el resto de vecinos que también han acampado a su puerta, espera la posible llegada de la maquinaria pesada de la APLU. El retén que se ha organizado para alertar a todo el vecindario de la llegada de la piqueta, acampa ante la casa de Enrique López, para mantener la vigilancia también durante la noche.

Por otra parte, tanto este afectado como la Plataforma Salvemos Vilaboa está recibiendo apoyos de otros lugares de Galicia y de España, por parte de vecinos de poblaciones que sufren la misma amenaza.