18 de mayo de 2018
18.05.2018

El valor catastral subió un 54% en la comarca en una década desde la regularización de Hacienda

El importe total pasó de 4.671 millones a más de siete mil en el total de los 14 municipios, pero en territorios como Cerdedo-Cotobade, Barro o Portas el aumento fue de más del doble

18.05.2018 | 03:48

Hace una década, a finales de 2008, el valor catastral de todos los terrenos y bienes inmuebles de los 14 municipios de la comarca se situaba en 4.671 millones de euros y un 46% de ese importe correspondía el Concello de Pontevedra. Diez años después, la cifra ha aumentado un 54% y ya supera con creces los siete mil millones de euros. Al margen de las actualizaciones y revisiones anuales de los padrones catastrales de cada municipio, una de las principales razones de este significativo aumento ha sido la controvertida regularización emprendida en 2013 por el Ministerio de Hacienda en toda España.

Esos efectos son especialmente notables en municipios donde ya se efectuó la revisión y se aplicaron sus resultados a las tasaciones oficiales de las propiedades de los vecinos, como es el caso de Barro y Cerdedo-Cotobade, donde el aumento de la cifra global supera en esta década el 400%. En Vilaboa y Portas rebasa con creces el 150% y en municipios como Sanxenxo, Moraña o A Lama el valor global se duplicó.

También han sido objeto de inspección Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Caldas, Marín y Poio pero la última actualización de datos por parte de la Dirección General de Catastro, referidos al balance final de 2017 detalla en su caso aumentos no tan elevados como en los casos citados, aunque sí significativos, ya que oscilan entre el 30 y el 50% aproximadamente.


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Mayores aumentos

Entre los casos más extremos destacan Barro y Cerdedo-Cotobade. En el primer caso se pasó de un valor de 28,2 millones de euros de todas las propiedades, a más de 170 (un 500% de aumento), mientras que en el segundo la cifra se elevó de algo menos de 40 millones a casi 205 (un 514% más). También resultan llamativos los resultados de Portas (de 20 a 67 millones) y de Vilaboa, de 48 a 127 millones).

La regularización afecta a construcciones tanto urbanas como rústicas y los últimos datos oficiales del Catastro, divulgados hace más de un año (en abril pasado), indicaban que en toda la provincia las inspecciones ya habían localizado al menos 13.000 inmuebles de este tipo en 16 concellos, tres de ellos en la comarca de Pontevedra. Se trataba de Campo Lameiro, Moraña y Ponte Caldelas, todos ellos revisados antes de diciembre de 2014. En estos tres territorios se descubrieron 2.153 edificaciones irregulares (una media de 717 por concello), sobre todo en el ámbito urbano y divididas en cuatro categorías: nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones, reformas y cambios de uso y piscinas.

En otros dos municipios, Caldas y Marín, los trabajos de campo ya concluyeron hace más de dos años, en abril de 2016 pero el Catastro aún no ha divulgado los resultados definitivos, como tampoco en Vilaboa, donde la campaña concluyó en abril de 2017. Por su parte, en Poio y Portas finalizó el 30 de julio.

En la mayor parte de estos municipios se registraron protestas y, sobre todo malestar entre los afectados por el efectos de la regularización. El caso más reciente fue en Poio, pero también los hubo en Cerdedo-Cotobade o Sanxenxo, entre otros.

Pontevedra

El municipio de Pontevedra será el último de la serie y con el finalizará este proceso de cinco años de actualizaciones por parte de Hacienda. La empresa contratada por el Catastro para realizar esta exhaustiva inspección de todo el municipio con el fin de localizar inmuebles hasta ahora ocultos al fisco ya concluyó su trabajo de campo, después de unos cuatro meses de revisiones. Esta labor es ahora objeto de análisis por parte de la Dirección General del Catastro y después comenzará el periodo de notificación y alegaciones de los afectados, propietarios en buena parte de instalaciones de carácter agrícola que hasta el momento estaban exentas de figurar en estos padrones impositivos, pero también de otras ampliaciones o inmuebles no declarados.

Todo apunta a que esas notificaciones se producirán en el último trimestre del año, después del verano, si bien ya han se han registrado quejas en el rural en especial por la tasa de 60 euros que cobra de oficio el Catastro a cada propietario inspeccionado. A esa cuota fija habrá que añadir en el futuro el aumento del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Aún sin estar aplicada esta regularización, que añade galpones, piscinas ampliaciones y otros inmuebles no declarados, en la últimas década el valor catastral de todo el municipio ha aumentado un 29%. En 2008 estaba situado en 2.151 millones de euros aproximadamente y ahora ya roza los 2.775.000. Ello se debe a las nuevas altas registradas a lo largo de estos años, pero también a la labor de revisión, con un objetivo parecido, realizada por el Concello en los seis ejercicios, entre 2012 y 2017.

En ese periodo fueron regularizados 3.339 inmuebles, entre altas (1.849) y reformas y ampliaciones (1.490). Estas incorporaciones supusieron el ingreso en las arcas municipales de alrededor de 2,8 millones de euros, incluidos los atrasos. El padrón consolidado registró un incremento de 1.200.000 euros aproximadamente.

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