El abrupto final del contrato en octubre pasado, achacable a la lentitud municipal para convocar un nuevo concurso, estuvo salpicado por la polémica entre Clece y el Concello. La empresa llegó a acudir a la vía judicial por unas declaraciones críticas de González Carballo, si bien después se cerró el caso, y también formuló un recurso administrativo contra las condiciones del nuevo proceso, lo que aún demoró más la adjudicación.
Fue en enero pasado cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo vinculado al Ministerio de Hacienda y que vela por la legalidad de los contratos de las administraciones, desestimaba el recurso de Clece, que alegó contra el precio del servicio. Este organismo señaló que "no hay mala fe ni temeridad" en la actuación del Concello al fijar 14,25 euros por hora, cuando en otros municipios gallegos se pagan entre 12 y 13 euros. La oferta final aprobada de 13,35 llevó a ayer a González Carballo a señalar que "nuestra propuesta concordaba con los precios de mercado".
