Pese a los datos que señalan a una evolución positiva en la situación económica, parece que todavía sigue costando que estos avances se traduzcan en mejoras efectivas para las familias. Así, por ejemplo, todavía son muchos las pontevedresas y pontevedreses que tienen que lidiar con uno de los dramas que nos dejó la crisis económica y que es la amenaza de pérdida de la vivienda habitual. Los desahucios siguen a la orden del día y el ritmo al que los juzgados siguen ordenando lanzamientos de inmuebles no cesa.

Así se refleja en los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial respecto al año 2017. Cifras en las que el órgano de gobierno de los tribunales baja por vez primera al detalle del partido judicial, de tal forma que es posible analizar la situación por comarcas. En la de Pontevedra, a lo largo del pasado ejercicio, los juzgados de los tres partidos judiciales de la comarca practicaron un total de 195 lanzamientos (es decir, desahucios), la segunda cifra más elevada de los últimos cinco años, tan solo superada por los 202 del año 2015.

Dos por semana

De hecho, los 120 lanzamientos realizados por los juzgados la ciudad de Pontevedra es la cifra más elevada de los últimos cinco años y supone algo más de dos desalojos por semana en los cinco municipios que integran el partido judicial (Cotobade, A Lama, Poio y Pontecaldelas, además de la propia Pontevedra).

De hecho, con respecto al ejercicio de 2016, cuando se registraron en toda la comarca 176 lanzamientos, el aumento en el número de desahucios en los tres partidos judiciales de la comarca fue de un 10%.

En cualquier caso, se detecta una tendencia a la disminución progresiva de aquellos desalojos que son consecuencia de una ejecución hipotecaria mientras se disparan aquellos debidos a incumplimientos de la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, que bajan (o se mantienen) los impagos de préstamos de hipotecas pero se disparan los impagos de rentas de alquileres. Así, el número de desahucios por impagos de créditos hipotecarios fue de 68 el pasado año (el mismo número que en 2016, pero 18 menos que en 2015), mientras que los lanzamientos por impagos de alquileres creció pasando de una media de un centenar en toda la comarca (103 en 2016) a los 125 del pasado ejercicio (un 21% más con respecto a 2016).

Así las cosas, las cifras indican que actualmente solo un 35% de los desalojos que se producen en la comarca son como consecuencia de una ejecución hipotecaria, siempre más dramática por lo que supone no solo por la pérdida de la vivienda, sino que en muchas ocasiones la deuda se mantiene dejando a los hipotecados en situaciones verdaderamente complejas para poder rehacer su vida y encontrar otras alternativas residenciales.