El gobierno local confía en que el impacto de esta campaña por parte de Hacienda sea menos "agresiva" en Pontevedra que en otros municipios del entorno al entender que buena parte del trabajo que ahora emprende el Catastro ya fue realizado en los últimos años por el Concello con sus propias revisiones del IBI. El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, recordó ayer que ese proceso permitió sacar a la luz entre 2012 y 2016, a más de 3.300 contribuyentes que, o bien no estaban pagando las tasas que les correspondían en el Impuesto de Bienes Inmuebles o mantenían sus propiedades fuera del padrón: 1.490 inmuebles eran ampliaciones o reformas no declaradas y otros 1.849 no estaban dados de alta.

Estas inspecciones supusieron unos ingresos por atrasos de 2.100.000 euros y el global del padrón anual creció en 851.445 euros. La intención municipal es seguir adelante con estas inspecciones, si bien se podría aguardar a que concluya la de Hacienda. De hecho, la revisión municipal se centró en los "casos de más entidad", como casos de solares en los que se edificó sin notificarlo al Catastro, viviendas que nunca estuvieron de alta o grandes reformas y ampliaciones, mientras que el ministerio "lo inspeccionará todo, hasta los cierres de subrayó González Carballo.

El edil apuntó que el Concello podría ofrecer colaboración y asesoramiento a los contribuyentes afectados por "errores importantes" a la hora de formular reclamaciones o recursos, si bien insiste en que la repercusión económica para el Concello no sería elevada.

Como posible comparativa con Pontevedra, destaca el ejemplo de Lugo, la única ciudad gallega con el proceso cerrado y divulgado. En su caso el Catastro localizó 4.513 inmuebles irregulares, 3.800 de ellos en el ámbito urbano y especialmente nuevas construcciones. Un cierta paralelismo con Marín se puede encontrar en Ribeira, municipio donde el número de inmuebles regularizados fue de 3.142, de los que casi 2.800 corresponden a la categoría urbana.