Condenada a una pena de un año de prisión por cohecho en una sentencia dictada por su propia conformidad tras la investigación de los contratos de representación de la Cámara en Brasil, Rosario Lorenzo tiene pendiente otra acusación por un delito de contra la administración de justicia por el que el fiscal pide un año y medio de prisión para ella. La misma condena solicita para otro expresidente de la entidad, Antonio Gómez Rivera. Entiende la Fiscalía que el despido de varios trabajadores del ente fue una represalia una vez que estos denunciaron las supuestas irregularidades en el seno de la entidad.
El juicio por este caso estaba inicialmente previsto para la semana próxima pero ha sido aplazado para septiembre. Una cuarta causa, que está en instrucción y pendiente de una prueba pericial, analiza las irregularidades contables detectadas en la antigua Cámara, hoy ya extinta tras la fusión con Vigo y Vilagarcía.
