El planteamiento habitual de cada convocatoria de huelga de cualquier servicio de limpieza y recogida de basura conlleva una suerte de presión social asfixiante, donde la ciudadanía se utiliza como rehén principal o moneda de cambio sin contemplación alguna. Es un chantaje maloliente; no tiene otro nombre.
Pontevedra arrastra un historial tremendo desde la privatización del servicio, que el Ayuntamiento encargó por vez primera a Saneamientos Sellberg a finales de 1973. Mucho ha llovido desde entonces. Tanto ha caído que seguramente por ese motivo algunos miembros de la actual corporación pían por una vuelta a su municipalización pura y dura.
Especialmente en los últimos años, con el BNG al frente del gobierno de esta ciudad, aquí han ocurrido episodios muy graves e indecorosos durante las huelgas sufridas. El huevo se ha impuesto al fuero.
Muchos implicados de uno y otro lado en esas batallas libradas no solo se han tapado la nariz, algo inevitable por la naturaleza del conflicto, sino que han pasado por alto asuntos cruciales. Los sindicalistas más veteranos saben bien de lo que hablo y no ignoran que la mayoría de las veces han contado con la aquiescencia del Ayuntamiento.
Ahora se atisba en el horizonte una nueva huelga. Eso anuncia el comité de empresa con bastante antelación, cuando la concesionaria del servicio está más que amortizada. Los trabajadores lo saben bien y no quieren perder un tren que va más allá del año 2017. Quizá ahí radica el quid de este desacuerdo; pronto lo sabremos.
Los representantes sindicales hablan de varios años sin subidas salariales, ni mejoras sociales. Eso no es cierto. Si Cespa-Ferrovial hiciera públicas las condiciones laborales de sus trabajadores, muchos pontevedreses quedarían literalmente patidifusos.
El meollo de la cuestión está en saber por qué los trabajadores del servicio de limpieza de Pontevedra, con razones o sin ellas, siempre acaba tan bien parados de cada convocatoria de huelga, sin sufrir heridas profundas, ni mucho menos bajas apreciables.
