La denuncia de estos trabajadores ante la Fiscalía dio pie a la primera investigación penal en relación a supuestas irregularidades en la antigua Cámara de Comercio por los contratos de representación en Brasil. Aquel caso terminó con Rosario Lorenzo aceptando en el banquillo de los acusados del Penal 3 de Pontevedra una condena de seis meses de suspensión del cargo de secretaria general de la Cámara y el pago de una multa de tres meses a seis euros diarios por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios y a un año de prisión, seis meses de multa a seis euros y un año y seis meses de inhabilitación para cargo público por el delito de cohecho. Esta por un delito contra la administración de Justicia y prevaricación es la segunda acusación en firme por parte de la Fiscalía a la que se enfrenta Lorenzo, esta vez de un año y medio de prisión.
Permanece abierta una tercera investigación penal más complicada (de hecho la causa está declarada compleja por el juzgado de instrucción número 1) por un presunto fraude de subvenciones en la organización de ferias, entre otros delitos. Una causa en la que también figuran como investigados, entre otras personas, Charo Lorenzo y el expresidente Gómez Rivera.
