Los servicios de inspección del Estado y la propia administración de Justicia cada vez están más pendientes de los posibles fraudes que se puedan cometer al erario público. Y no solo de aquellos de mayor cuantía, también de algunos fraudes que no alcanzan cifras millonarias pero que no dejan de ser llamativos. Es el caso de un vecino de la ciudad de Pontevedra contra el que acaba de formular acusación el Ministerio Fiscal como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social por el que reclama una pena de prisión de 18 meses.

Según el escrito presentado por la Fiscalía ante el juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, esta persona viajó en 2013 a Reino Unido, país en el que residió desde entonces durante años y en donde comenzó a trabajar desde junio de ese año. Pese a que tenía nuevo trabajo y a que se encontraba en el extranjero, el acusado percibió entre 2013 y 2015 una serie de prestaciones asistenciales y contributiva de la seguridad social por desempleo. El fiscal recuerda en su escrito que desde la salida y residencia en Reino Unido, el acusado no tiene derecho a recibir este tipo de prestaciones de la seguridad social y, "no obstante, ocultó intencionadamente la circunstancia de trabajar y residir en el extranjero" solicitando hasta en 10 ocasiones la renovación de la prestación por desempleo. El importe de lo percibido indebidamente asciende a un total de 13.202 euros, cantidad con la que ahora exige que el acusado indemnice al erario público.