La Fiscalía recurrirá ante la Audiencia de Pontevedra el sobreseimiento provisional del caso sobre los supuestos "enchufes" en la empresa Cespa, concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza en la ciudad, y que afectan a funcionarios del Concello y miembros del gobierno municipal. Serán los magistrados del tribunal provincial los que deberán decidir si confirman este archivo temporal de la causa o, por el contrario, ordenan al juzgado de instrucción mantenerla abierta, como reclama el Ministerio Público.
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia quienes explicaron que el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, presentó inicialmente recurso de reposición ante el propio juzgado de instrucción número 2 para pedirle que reconsiderase su decisión. Una vez que el juzgado confirmó su decisión inicial, Aladro presentará recurso de apelación ante la Audiencia para que se anule el archivo provisional del caso.
El titular del juzgado número 2 de Pontevedra, Xermán Varela, emitía a finales del pasado mes de febrero un auto en el que decretaba el sobreseimiento provisional de esta investigación, una pieza separada de la bautizada como Operación Patos, y que gira básicamente en torno a la aparición -durante un registro en una de las sedes de la empresa Cespa- de un documento en el que se detallaba un listado con nombres de diversas personas como supuestas o posibles contrataciones por parte de esta empresa, todas ellas relacionadas con un supuesto "mentor". Entre estos "mentores" aparecían desde cargos políticos como el alcalde o dos concejales a un mero agente de policía local o un vigilante del mercado. El juez concluyó que la existencia de este documento "de autoría y fecha desconocidas" era un hecho que "en sí mismo no constituye delito alguno ni tampoco un indicio sólido de que se cometiera algún ilícito". Por ello decretaba el sobreseimiento provisional de este asunto.
En cualquier caso y tras profundizar en las razones que le llevaban al archivo, el magistrado ordenaba a la UDEF de la Policía Nacional (la unidad que realizó el informe de la Patos en la que se incluía este documento) la práctica de nuevas diligencias de investigación en torno a este documento así como a las contrataciones realizadas por la empresa Cespa en Pontevedra.
Según distintas fuentes, el fiscal no entra a valorar la conclusión del juez sobre el alcance o la repercusión penal que puede tener la aparición de este documento en la sede de la empresa Cespa, sino que su queja se centra más bien se centra en una cuestión de forma. Desde la Fiscalía Superior de Galicia explican que el fiscal jefe basa su recurso en el hecho de que el propio juez reclama nuevas diligencias de investigación a mayores, por lo que concluye que la instrucción todavía no está cerrada y por lo tanto no procede el archivo de la causa, ni tan siquiera de forma provisional. El Ministerio Público entiende, al igual que el juez, que la Policía Nacional debe realizar nuevas investigaciones en torno a este documento y las contrataciones de la empresa Cespa, tal y como ordena el magistrado, pero requiere que mientras estas se realizan el caso deberá permanecer abierto. Considera que la instrucción no puede cerrarse hasta que dichos informes estén aportados a la causa y sean valorados por el fiscal y el juez instructor. Ahora será la Audiencia Provincial quien tenga la última palabra al respecto.
Requerimientos a la Policía
El juez pidió a la UDEF, entre otras cuestiones, identificar el lugar exacto en el que fue localizado el polémico documento vinculado al Concello de Pontevedra, así como a las personas que pudieran tener relación con su confección, así como averiguar su autoría, procediendo, si es necesario a tomar las declaraciones que considerasen oportuno. También buscarán otros indicios que puedan explicar la motivación y objeto de este listado así como si alguna de las personas que aparecen en la lista efectivamente estuvieron contratadas por Cespa y en qué fechas.
