El cruce de acusaciones y reproches entre la Xunta y el Concello de Pontevedra a cuenta del importante retraso que acumula el proyecto del nuevo edificio judicial de A Parda sumó ayer un nuevo capítulo. El delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, compareció públicamente para "desmentir" al gobierno local pontevedrés y asegurar que los terrenos que ocupará esta infraestructura todavía no habían sido cedidos formalmente por el Concello a la Xunta y, lo más grave, que el ayuntamiento estaba mintiendo con respecto a la expropiación de los terrenos, ya que faltarían por adquirir unos 1.000 metros cuadrados "esenciales para la ejecución del proyecto". Concretamente, estos mil metros cuadrados corresponden casi a un 20% del total de 6.500 metros cuadrados de superficie sobre la que se levantará el nuevo edificio judicial.

Cores Tourís asegura que, por mucho que el Concello diga que la Xunta puede licitar los trabajos cuando quiera, esto no es así: "No podemos iniciar las obras en unos terrenos que no son de la Xunta, ni son del Concello, sino de un tercero" ya que "nuestra asesoría jurídica no lo permitiría, esto es la realidad". Acusó al Concello de no "haber hecho los deberes" y pidió al ayuntamiento de Pontevedra y a su alcalde que "dejen de marear al perdiz" y de "confundir a la opinión pública". Ante los reiterados encontronazos entre la Xunta y el Concello por distintos proyectos en la ciudad, Cores Tourís se preguntó si este constante enfrentamiento con la Xunta "no será una estrategia política del alcalde"

"Hablar de piquito"

Tourís, que mostró un plano con una zona sombreada en la que se muestran los terrenos que todavía estarían sin expropiar, aseguró que "una cosa es hablar de piquito" como asegura que están haciendo los portavoces del gobierno local de Pontevedra, y otra bien distinta "es mostrar documentos", afirmó mientras mostraba los planos del proyecto del nuevo edificio judicial. "Resulta evidente", añadió, "que el Concello de Pontevedra incumplió los términos del convenio" y asegura que esto podría ser incluso constitutivo "de una causa de resolución del mismo". Sin embargo, insistió en que el compromiso de la Xunta por ejecutar esta infraestructura queda "demostrado consignando una partida en los presupuestos de este año". Insistió en que la administración autonómica iniciará la construcción del edificio en el mismo instante en el que tenga los terrenos.

Certificaciones catastrales

Tourís pidió documentos y el Concello no tardó en aportarlos. El concejal de Personal y Patrimonio del Concello, Vicente García Legísima, compareció visiblemente molesto por las declaraciones efectuadas por el delegado territorial de la Xunta. Insistió en que el 18 de febrero de 2013 la junta de gobierno del Concello acordó poner los terrenos a disposición de la administración autonómica y ya entonces los terrenos eran de propiedad municipal.

Asimismo, el gobierno local hizo públicas tres certificaciones catastrales de identificación para su inscripción en el Registro de la Propiedad de tres parcelas, identificadas en los planos como bolsas de suelo 55, 69 y 54, y que se corresponden con la superficie que, según la Xunta, todavía no serían titularidad municipal. En estas certificaciones catastrales se detalla que el 100% de la propiedad es del Concello de Pontevedra.